El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que Juan José Santiváñez —exministro del Interior y actual responsable de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental— no tiene poder de decisión en el Ejecutivo, y que su labor se limita a ejecutar encargos puntuales solicitados por la presidenta Dina Boluarte.
Puedes leer ► Gestión de Acuña bajo sospecha por millonaria obra adjudicada a consorcio sin experiencia y vinculada a APP
“Lo más importante aquí, y la ciudadanía y la clase política tiene que entender, es que el doctor Santiváñez no tiene poder de decisión. Su tarea se circunscribe solamente a asesorar y a cumplir algunos encargos que la señora presidenta y, evidentemente, el Gobierno tiene”, declaró en una entrevista con RPP.
El premier también negó que Santiváñez interfiera en la labor de los ministros o que ejerza influencia sobre las decisiones de Palacio. “No reemplaza a ningún ministro ni invade competencias. Su función está bien delimitada”, subrayó.
Consultado sobre si había pedido a los ministros evitar el ingreso a la oficina de Santiváñez, Arana lo descartó tajantemente: “No es necesario. El hecho de saludarlo no implica que tenga poder dentro del Ejecutivo”.
Oficina de Santiváñez bajo la lupa
El programa Cuarto Poder reveló semanas atrás que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, que dirige Santiváñez, maneja más de S/ 900 mil anuales solo en planillas. Además, denunció que alcaldes que visitaron esta dependencia recibieron posteriormente fondos estatales, generando sospechas sobre presuntos favores políticos.
El dominical también sugirió un supuesto conflicto silencioso entre Arana y Santiváñez por espacios de poder dentro del Gobierno.
Investigación fiscal por presunto abuso de autoridad
Actualmente, Santiváñez es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso de autoridad, tras una denuncia que lo vincula con el capitán PNP Junior Izquierdo —alias ‘Culebra’—, con quien habría coordinado para intimidar al periodista Marco Sifuentes.
En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó el celular del exministro, pero este entregó un equipo previamente formateado. Como respuesta, el Ministerio Público requirió acceso a su cuenta en la nube, sospechando intento de obstrucción.











