El expresidente Pedro Castillo Terrones continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, luego de que el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela declarara infundado su pedido de cese de prisión preventiva.
Puedes leer ► Pablo Sánchez es el nuevo fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza
Castillo cumple esta medida desde diciembre de 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado, y en junio de 2024 se amplió por 18 meses adicionales. La defensa había solicitado la revocatoria alegando irregularidades en el proceso y vulneración de derechos fundamentales, pero el magistrado concluyó que aún persisten los riesgos de fuga y de obstaculización de la justicia.
Argumentos de la defensa
El exmandatario presentó el 4 de septiembre un recurso en el que señalaba que la Fiscalía de la Nación no presentó una denuncia constitucional completa a tiempo, lo que habría afectado la aplicación del principio de imputabilidad.
Además, cuestionó que la prolongación de la prisión preventiva se resolviera después de vencido el plazo inicial, lo que —según su defensa— contradice un fallo previo del Tribunal Constitucional. También alegó que la designación de magistrados en diferentes etapas del proceso no respetó la normativa, lo que invalidaría las actuaciones judiciales.
Decisión judicial
El juez Campos Barranzuela desestimó estos argumentos y señaló en su resolución del 17 de septiembre que la prisión preventiva contra Castillo sigue siendo “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar su presencia en el proceso penal. Añadió que la audiencia de prolongación se realizó dentro del plazo legal y que la defensa puede plantear sus reclamos mediante otros mecanismos procesales o acciones constitucionales, pero no a través del cese de la medida.
Proceso penal en curso
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión e inhabilitación por 3 años y 6 meses contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Paralelamente, el exmandatario afronta otra prisión preventiva dentro de la investigación por presunta organización criminal, vinculada a los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Suscríbete a nuestro RSS