El Poder Judicial decidió dejar sin efecto la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez e impuso cinco meses de prisión preventiva contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.
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La resolución fue emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, quien sostuvo que desde el 20 de octubre la investigada dejó de cumplir con el control biométrico obligatorio, programado cada siete días, además de no presentarse a las citaciones judiciales relacionadas con el proceso que comparte con el exmandatario Pedro Castillo. “Tras dicho control se evidencia un claro incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la medida impuesta, consistente en el registro biométrico semanal…”, señala el documento judicial.
El magistrado concluyó que existe un “notorio” peligro de fuga y un riesgo real de que el juicio oral pueda verse afectado. Por ello, dispuso su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional. “En consecuencia, corresponde reemplazar la medida impuesta por la de prisión preventiva”, determinó Checkley Soria.
Hace unos días, el Pleno del Congreso rechazó la inhabilitación por diez años contra la ex jefa del Gabinete por el fallido intento de golpe de Estado del 2022. No obstante, la Comisión Permanente aprobó posteriormente un segundo informe que plantea apartarla de la función pública por el mismo periodo.
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¿Cuál es la situación actual de Betssy Chávez?
Tras recuperar su libertad en septiembre pasado, debido a un fallo del Tribunal Constitucional, Betssy Chávez quedó sujeta a comparecencia con restricciones. Entre las reglas impuestas figuraban no ausentarse de Lima sin autorización judicial, someterse al control biométrico regular y cumplir con las citaciones emitidas por el Poder Judicial o el Ministerio Público.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión para Chávez, además de una inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer la función pública, al acusarla de ser presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Actualmente, Chávez permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, donde ingresó el pasado 2 de noviembre. Esta situación llevó al canciller Hugo de Zela a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con México.
Desde la concesión de asilo, México solicitó el salvoconducto para permitir su salida del país. Sin embargo, el Gobierno peruano ha señalado que evaluará con cautela la entrega de dicho documento, mientras consulta a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la interpretación de la Convención de Caracas.
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