La Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, ordenó conceder una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo Terrones, luego de declarar fundada la demanda de amparo que presentó su defensa contra una resolución del Congreso que rechazaba su solicitud.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en torno a los beneficios de los exmandatarios, al considerar que se vulneró el derecho a la igualdad del exjefe de Estado frente a otros expresidentes que sí han recibido dicho beneficio.
Resolución judicial y alcance del fallo
El juez Alexis Anicama Budiel dispuso que la Dirección General de Administración del Congreso emita un nuevo pronunciamiento en el que se otorgue la pensión vitalicia a Castillo desde el 8 de diciembre de 2022, fecha en la que fue vacado tras el intento de golpe de Estado.
La resolución también establece que el exmandatario debe percibir todos los beneficios inherentes al cargo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones a los expresidentes de la República.
Comparación con el caso Fujimori
El magistrado recordó que, en mayo de 2024, el Congreso había rechazado la pensión vitalicia para Pedro Castillo bajo el argumento del artículo 2 de la Ley 26519, el cual señala que el beneficio se suspende en los casos en que el exmandatario afronte denuncias constitucionales.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el Parlamento aprobó una pensión vitalicia de 15 600 soles a favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que este también tenía procesos judiciales en curso en su momento.
Ante esta contradicción, el juez Anicama Budiel sostuvo que se configuró una vulneración al principio de igualdad ante la ley, lo que llevó a declarar nulas las resoluciones del Congreso que negaban la pensión a Pedro Castillo.
Argumentos de la defensa de Castillo
La defensa del exmandatario, quien actualmente enfrenta un proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, alegó que el Parlamento aplicó un criterio desigual al otorgar beneficios a un expresidente y negárselos a otro en condiciones similares.
El amparo presentado buscaba que se reconozca el derecho de Castillo Terrones a recibir la pensión establecida en la ley, en igualdad de condiciones que sus antecesores.
Implicancias políticas y legales
El fallo no solo otorga un beneficio económico a Pedro Castillo, sino que también marca un precedente en el debate sobre la aplicación de la Ley 26519, especialmente en casos donde los exmandatarios enfrentan procesos judiciales.
Además, la resolución judicial obliga al Congreso a emitir un nuevo pronunciamiento que corrija la vulneración identificada, lo que podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de estas pensiones.
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