El Poder Judicial sentenció a seis años y cinco meses de prisión efectiva a Miguel Ángel Yange Pajuelo, conductor que atropelló a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), el pasado 25 de octubre de 2024.
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Condena y delitos imputados
El chofer fue hallado culpable por los delitos de lesiones graves contra la vida, el cuerpo y la salud, así como por fuga del lugar de accidente de tránsito, considerado un delito contra la administración de justicia.
Además de la condena carcelaria, la sala judicial dispuso el pago de una reparación civil de S/ 6 000 a favor del fiscalizador afectado.
La sentencia se dictó luego de que Yange Pajuelo cumpliera nueve meses de prisión preventiva. Durante la audiencia, el procesado admitió su responsabilidad en los hechos.
Atropello en San Juan de Lurigancho
El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Lurigancho y Pirámide del Sol, cuando Yange Pajuelo, quien brindaba el servicio de colectivo informal, intentó huir de un operativo de la ATU.
En su intento de escape a bordo de su vehículo de placa A7I-702, embistió a un fiscalizador que trataba de intervenirlo.
“El hombre acelera y me impacta en el pecho, me tira al piso, me sobrepasa y se da a la fuga. Yo me estaba desplazando por la calzada y sentí el impacto”, declaró el funcionario herido, según consta en la sentencia judicial.
Consecuencias del accidente
El fiscalizador fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde se le diagnosticaron contusiones y traumatismos a raíz del atropello.
El hecho generó preocupación por la seguridad de los trabajadores de la ATU durante los operativos contra el transporte informal, que en muchos casos terminan en agresiones físicas o intentos de fuga de los conductores intervenidos.
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Relevancia del fallo judicial
La sentencia contra Yange Pajuelo constituye un precedente importante en la lucha contra la informalidad y la violencia hacia los fiscalizadores del transporte urbano.
Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la responsabilidad penal de los conductores que pongan en riesgo la vida de funcionarios públicos durante el cumplimiento de su labor.
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