El Poder Judicial resolvió ampliar por 24 meses el plazo de investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga, Rui Baracco Lira, Jimena Burmester Yáñez y otros implicados en el denominado caso Panama Papers, que involucra presunto lavado de activos dentro de una organización criminal.
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La medida fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, mediante la Resolución N.° 5, emitida el 26 de septiembre de 2025. El magistrado declaró fundada en parte la solicitud del Ministerio Público, que pedía una prórroga de 36 meses, y rechazó el control de plazo solicitado por la defensa de Baracco Lira y Burmester Yáñez.
Fundamentos de la resolución judicial
En su decisión, el juez Chávez Tamariz argumentó que el caso presenta una alta complejidad, debido a la amplitud de los hechos investigados, que abarcan el periodo entre 2010 y 2018, y se extienden hasta 2021 en lo relativo a diligencias contables.
La Fiscalía sostiene que la organización investigada habría operado utilizando estructuras empresariales sofisticadas, con sociedades offshore registradas en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas, con el fin de movilizar y ocultar fondos de presunto origen ilícito.
Asimismo, se señala que aún existen diligencias pendientes de importancia para la investigación, entre ellas:
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Una pericia contable financiera de carácter integral.
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La toma de declaraciones a testigos nacionales y extranjeros.
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La ejecución de asistencias judiciales internacionales.
El juez consideró que dichas diligencias son necesarias para completar la etapa preparatoria y garantizar que el Ministerio Público cuente con todos los elementos probatorios antes de decidir si formula acusación.
Estructura de la imputación fiscal
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 habría operado una presunta organización criminal liderada por Rafael López Aliaga, cuyo propósito era obtener y legitimar fondos de origen ilícito mediante operaciones financieras y empresariales simuladas.
Las empresas ACRES Sociedad Titulizadora S.A. y ACRES Finance S.A., vinculadas al investigado, habrían sido utilizadas para simular transacciones y justificar ingresos que no contaban con respaldo contable ni comercial legítimo.
La imputación se sustenta en la inferencia razonable del origen ilícito de los fondos, un criterio reconocido por la jurisprudencia y la legislación vigente en materia de lavado de activos. Esto significa que no se requiere una sentencia firme por el delito fuente (como corrupción o defraudación fiscal) para establecer la existencia del delito de lavado de activos.
Además, la ausencia de una justificación razonable del origen lícito del dinero constituye, según el Ministerio Público, un indicio clave dentro del marco probatorio que refuerza la hipótesis fiscal.
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Complejidad y alcances del caso Panama Papers
El denominado caso Panama Papers surgió tras la filtración de millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, en los que se revelaban operaciones financieras a través de paraísos fiscales. En el Perú, las investigaciones involucran a empresarios y figuras políticas presuntamente vinculadas a la constitución de empresas offshore para ocultar activos o evadir responsabilidades tributarias.
En el caso específico de López Aliaga, la Fiscalía investiga si estas sociedades fueron utilizadas para canalizar fondos sin sustento económico, lo que podría configurar lavado de activos agravado.
El Ministerio Público ha señalado que las operaciones analizadas presentan movimientos financieros complejos que dificultan el rastreo del dinero, lo que ha motivado la solicitud de asistencia judicial a varios países.
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