El Poder Judicial dio trámite a la demanda presentada por la expresidenta Dina Boluarte con la que busca dejar sin efecto la resolución del Congreso que dispuso su vacancia. El recurso fue registrado como una demanda de naturaleza constitucional y continuará su evaluación en una audiencia virtual programada para los próximos meses.
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De acuerdo con la resolución judicial, el proceso fue admitido sin un pronunciamiento previo sobre el fondo del caso, conforme a lo establecido en el Código Procesal Constitucional. La medida abre una nueva etapa en la disputa legal que pretende determinar si el procedimiento parlamentario que culminó con la destitución de Boluarte respetó los principios y garantías previstos en la Constitución.
Audiencia virtual fue programada para marzo de 2026
El juzgado fijó la realización de una audiencia única para el 12 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana. La diligencia se llevará a cabo de manera virtual mediante la plataforma Google Meet, modalidad que permitirá la participación de todas las partes involucradas en el proceso.
Según lo dispuesto, los participantes deberán conectarse utilizando una cuenta de Gmail, requisito técnico señalado expresamente en la resolución. Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional escuchará los argumentos de la demandante y de la parte demandada antes de emitir una decisión sobre el fondo de la controversia.
Fundamentos para admitir la demanda constitucional
El Poder Judicial sustentó la admisión de la demanda en la aplicación del artículo 6 del Código Procesal Constitucional. Esta norma establece que, en los procesos constitucionales como el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento, no procede el rechazo liminar de las demandas.
En ese sentido, el juzgado precisó que la solicitud presentada por la exmandataria debía ser admitida a trámite sin una evaluación previa de su contenido, garantizando así el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. La admisión no implica un pronunciamiento sobre la validez de la vacancia, sino el inicio formal del análisis judicial.
Congreso deberá responder a la demanda
Tras la admisión del recurso, el Poder Judicial ordenó emplazar al procurador público del Congreso de la República, quien contará con un plazo de 10 días hábiles para presentar su respuesta. La contestación deberá abordar los argumentos planteados por la defensa de Boluarte y sustentar la legalidad del procedimiento de vacancia.
Las notificaciones correspondientes serán remitidas a las casillas electrónicas de las partes a través del área de notificaciones del Poder Judicial, conforme al protocolo vigente para este tipo de procesos.
Qué se busca definir con este proceso
El objetivo central de la demanda es que el Poder Judicial evalúe si la vacancia aprobada por el Parlamento se ajustó a los principios constitucionales y al respeto del debido proceso. La defensa de Dina Boluarte sostiene que la decisión del Congreso vulneró la Constitución y que su remoción del cargo careció de sustento legal.
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