El expresidente Pedro Castillo reiteró ante el Poder Judicial su solicitud para que se anule el juicio oral en su contra por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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El exmandatario interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revertir la decisión emitida el pasado 25 de agosto por la jueza constitucional de Lima, Ana Osorio, quien declaró “improcedente” el habeas corpus presentado por Castillo. Dicho recurso buscaba invalidar la resolución que fijó el inicio del juicio oral para el 4 de marzo de este año, además de anular toda la etapa de juzgamiento y designar un nuevo colegiado supremo encargado del caso.
Tras constatar que la apelación cumplía con los requisitos procesales, la jueza Osorio resolvió el 1 de septiembre concederla “con efecto suspensivo” y remitirla a la Primera Sala Constitucional de Lima. Si esta instancia la admite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de todas las partes antes de emitir un pronunciamiento en los próximos días.
En paralelo, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una condena de 34 años de prisión contra Castillo, además de su inhabilitación por tres años y medio para ejercer funciones públicas. Se le acusa de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en perjuicio del Estado y la sociedad.
La defensa del exgobernante argumentó en su habeas corpus que se vulneró su derecho a la libertad personal y al debido proceso, al no ser juzgado por un tribunal imparcial ni contar con una defensa eficaz. Incluso, alegó que se rechazó la recusación presentada contra la jueza suprema Inés Tello de Carbajal, pese a lo cual se dio inicio al juicio oral, lo que calificó de ilegal.
Sin embargo, en su resolución del 25 de agosto, la jueza Osorio concluyó que no se acreditaba afectación alguna a los derechos fundamentales de Castillo. La magistrada señaló que, al momento de la instalación del proceso, se le garantizó asistencia legal al asignarle un defensor público tras no contar con abogado particular, además de otorgarle tiempo razonable para coordinar su estrategia de defensa.
Finalmente, Osorio indicó que la negativa de Castillo a aceptar al defensor público forma parte de una estrategia dilatoria, pues ha presentado una serie de acciones con el fin de retrasar el desarrollo del juicio. En ese sentido, precisó que tal conducta no se enmarca dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a una defensa eficaz.
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