El Congreso de la República acordó este miércoles la inhabilitación por una década de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de aceptar dos pedidos de reconsideración que permitieron someter nuevamente el caso al debate del Pleno. La decisión se adoptó después de que la propuesta inicial no lograra los votos necesarios y quedara momentáneamente archivada.
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En la primera votación, la moción reunió solo 63 adhesiones, cinco menos de las 68 requeridas, lo que impidió su aprobación. No obstante, a iniciativa de los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, se solicitó reconsiderar el resultado. Con 116 legisladores presentes en la segunda sesión, el Pleno volvió a evaluar el tema y finalmente aprobó la inhabilitación con 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.
La sanción responde a la acusación de que Espinoza habría impulsado y validado el reglamento denominado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, documento que, según los denunciantes, vulnera la Ley 32130. Sin embargo, informes de la propia Fiscalía de la Nación indican que el citado texto no fue debatido ni aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, sino que se elaboró durante la gestión temporal de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino.
Durante su presentación ante el Pleno, Espinoza criticó la denuncia en su contra y la calificó como una represalia política derivada de los procesos constitucionales que ella misma había iniciado contra varios parlamentarios. Asimismo, advirtió que medidas de esta naturaleza comprometen la independencia del Ministerio Público. “O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”, manifestó.
La defensa de la fiscal sostuvo que sus acciones se enmarcaron en las facultades constitucionales de su cargo y que actuó en defensa del orden legal. Pese a ello, el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó que Espinoza habría infringido los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, configurando presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
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