El pleno del Congreso de la República ha dado autorización al presidente de esta institución, Alejandro Soto, para que presente ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y una medida cautelar en respuesta a la resolución del Poder Judicial que suspendió temporalmente la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, ordenando su reincorporación inmediata a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión fue respaldada con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, y surgió tras un acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces en una sesión celebrada el 9 de abril, donde se acordó incluir esta propuesta en la agenda del pleno.

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El objetivo de esta acción es que el TC establezca las competencias exclusivas que corresponden al Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, y determine si estas pueden ser limitadas o restringidas discrecionalmente por el Poder Judicial mediante la emisión de resoluciones judiciales, lo que podría afectar las consecuencias legales de los acuerdos y decisiones adoptadas por el Parlamento.

Como se recordará, el 22 de marzo pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) declaró procedente la demanda de amparo presentada por ambos juristas contra el Congreso, después de que el pleno decidiera inhabilitarlos por un período de 10 años para el ejercicio de la función pública. Mediante una resolución, el Poder Judicial ordenó su reincorporación inmediata a sus cargos como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de manera provisional, hasta que se emita una resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

La posición del Congreso: ¿En conflicto con el Poder Judicial?

Desde que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la suspensión de la inhabilitación de Vásquez y Tello, el Congreso ha expresado su desacuerdo con el fallo judicial.

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El mismo día en que se anunció la decisión, el Legislativo emitió un comunicado afirmando que el Poder Judicial «no puede intervenir en competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, según lo establecido previamente por el Tribunal Constitucional«.

El Congreso hizo hincapié en su respeto por las instituciones del Estado y el equilibrio de poderes, reafirmando su responsabilidad de proteger el fuero parlamentario.