El Poder Judicial emitió la orden para levantar el secreto de las comunicaciones de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador de Trujillo. Esta medida se enmarca en la investigación del caso conocido como «Los Cuellos Blancos del Puerto», donde Acuña figura como «testigo impropio». A continuación todos los detalles.
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Orden del Poder Judicial
Este lunes 20 de noviembre, el Poder Judicial tomó una decisión trascendental al ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de César Acuña y otros implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Esta medida también abarca a Humberto Acuña Peralta, hermano de César Acuña, y a Guido Águila, exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La orden se dio en el marco de la investigación preliminar contra exjueces y un exfiscal investigados por cohecho activo específico.
Alcance de la medida
Como parte de esta diligencia, el órgano judicial ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones el registro histórico de llamadas y mensajes del celular de César Acuña durante el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2016. Esta acción busca obtener información clave para esclarecer las circunstancias que rodean el caso y determinar la posible participación de Acuña en las actividades de la red criminal.
Tesis fiscal
Según la tesis fiscal, Los Cuellos Blancos del Puerto constituyen una organización criminal compuesta por funcionarios y servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público. Estos individuos son señalados por ofrecer rebajas de penas y negociar con el objetivo de obtener ascensos irregulares. La investigación, que lleva más de tres años, identifica tres redes dentro de la organización: jueces y personal administrativo, abogados litigantes y empresarios, y el juez supremo César Hinostroza Pariachi junto con los exmiembros del desactivado CNM.
Acciones recientes
El 29 de septiembre, Patricia Benavides destituyó a Magaly Quiroz, fiscal clave en el caso Cuellos Blancos del Puerto. La justificación oficial fue la búsqueda de un «buen clima laboral». Sin embargo, esta decisión provocó la renuncia de otros cuatro integrantes del Equipo Especial encargado del caso. Este hecho ha añadido más complejidad y controversia al desarrollo del caso.