En medio de versiones no oficiales y especulaciones difundidas en distintos espacios, la empresa estatal de hidrocarburos Petroperú emitió un comunicado para aclarar el alcance real del proceso de reorganización patrimonial que viene atravesando. La compañía precisó que estas medidas, establecidas en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, no suponen bajo ningún escenario la privatización de la empresa, ya que el Estado peruano mantendrá la propiedad de sus activos estratégicos.
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El pronunciamiento busca despejar dudas en un contexto complejo para el sector hidrocarburos, marcado por dificultades financieras, cuestionamientos a la gestión y una creciente preocupación por la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país.
¿Qué implica el proceso de reorganización de Petroperú?
Según explicó Petroperú, la reorganización patrimonial es una medida extraordinaria orientada a enfrentar una etapa crítica que no solo impacta a la empresa, sino también al conjunto del sector energético nacional. El objetivo central es introducir cambios estructurales que permitan recuperar la operatividad, eficiencia y sostenibilidad financiera de la compañía en el largo plazo.
La empresa subrayó que este proceso no debe confundirse con una transferencia de propiedad. Por el contrario, el Estado continuará siendo dueño de los activos estratégicos, considerados fundamentales para garantizar la seguridad energética del país y la estabilidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos.
Reorganización patrimonial y reorganización interna: dos ejes clave
El comunicado oficial detalla que el proceso en marcha comprende dos componentes principales: la reorganización patrimonial y la reorganización interna. Ambos están diseñados para complementarse y generar condiciones que permitan a Petroperú retomar un desempeño financiero y operativo adecuado.
La reorganización patrimonial apunta a fortalecer la estructura financiera de la empresa, de modo que recupere la capacidad de cumplir con sus obligaciones frente a bonistas, entidades financieras, proveedores, contratistas y trabajadores. Esto resulta clave para asegurar la continuidad del suministro de combustibles y evitar impactos mayores en el mercado interno.
Por su parte, la reorganización interna se encuentra en una fase de evaluación técnica y rigurosa por parte de la administración de Petroperú. Estas acciones se desarrollan en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, referida específicamente a medidas en materia de personal y organización interna.
¿Habrá recortes o afectación a los derechos laborales?
Uno de los principales puntos de preocupación en torno a la reorganización interna está relacionado con la situación de los trabajadores. Al respecto, Petroperú afirmó que cualquier acción que se implemente se realizará en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente y de los procedimientos establecidos por ley.
La empresa aseguró que el proceso será ordenado, transparente y respetuoso de los derechos laborales, tal como lo establece el propio decreto de urgencia. En ese sentido, descartó medidas arbitrarias y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y dentro del marco legal.
El rol del Estado en el proceso de reorganización
Desde la perspectiva del accionista, el Estado peruano mantiene un rol activo en el proceso de recuperación de Petroperú. La actual Dirección y Administración de la empresa indicaron que vienen trabajando de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas y ProInversión.
Esta coordinación interinstitucional busca asegurar que las decisiones adoptadas sean coherentes con el marco legal vigente y con los lineamientos definidos por el Estado como propietario de la empresa. El objetivo es fortalecer a Petroperú como un actor estratégico del sector hidrocarburos, sin comprometer la propiedad pública de sus activos.
¿Por qué se descarta la privatización de Petroperú?
La empresa fue enfática al señalar que el proceso de reorganización no implica privatización. Esta precisión responde a declaraciones de los propios miembros de la Junta General de Accionistas, quienes han reiterado públicamente que el Estado no tiene previsto desprenderse de los activos estratégicos de Petroperú.
De acuerdo con la empresa, el propósito de las medidas adoptadas es garantizar que Petroperú vuelva a ser una compañía sostenible, eficiente y capaz de generar beneficios no solo para el sector hidrocarburos, sino también para la economía nacional en su conjunto.
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