El 2025 concluyó con un panorama preocupante en materia de seguridad, caracterizado por el aumento de delitos graves como el sicariato, los asaltos, los homicidios y las extorsiones. Hasta el 27 de diciembre se contabilizaron 25.196 denuncias por extorsión en el país, lo que significó un crecimiento del 20 % frente al año previo.
Según cifras del Ministerio Público, las denuncias superaron las 27.000, mientras que los homicidios llegaron a 2.451 casos, lo que equivale a cerca de siete asesinatos diarios. Este escenario de violencia influyó de manera decisiva en la agenda y las políticas públicas de los gobiernos de Dina Boluarte y, posteriormente, de José Jerí.
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Los datos oficiales evidenciaron un claro deterioro de la seguridad a nivel nacional. Lima Metropolitana se consolidó como la región más golpeada, con 10.562 reportes de extorsión. El sicariato mantuvo una presencia constante: solo en el primer trimestre del año se registraron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con una alta proporción de víctimas que contaban con antecedentes penales.
El sector transporte figuró entre los más afectados. Al menos 69 choferes y cinco cobradores fueron asesinados mientras cumplían sus labores, siendo la extorsión el principal detonante. Ocho de cada diez empresas de transporte público reconocieron pagar cupos mensuales que bordean los 30.000 soles a mafias criminales.
Aunque las denuncias por robos y hurtos disminuyeron —de 347.911 en 2023 a 218.808 en 2025—, la sensación de inseguridad siguió siendo elevada debido al aumento de los crímenes violentos y al mayor nivel de organización de las bandas delictivas. La Policía Nacional informó que, durante el año, se logró desarticular 12.712 bandas y 217 organizaciones criminales.
Políticas de seguridad durante el gobierno de Boluarte
Hasta octubre, Dina Boluarte impulsó el plan “Perú Seguro”, una estrategia integral enfocada en la prevención del delito, el control del territorio y la modernización de la Policía Nacional.
En su discurso por Fiestas Patrias, la entonces mandataria anunció una mayor intensidad de los operativos policiales, superando las 570.000 intervenciones hasta junio y con la meta de alcanzar el millón al cierre del año. Asimismo, se puso en marcha el plan “Celador” para fortalecer la vigilancia en Lima y Callao, además de la incorporación de 21.000 nuevos efectivos para reducir la brecha de personal.
El Ejecutivo también promovió el Plan Estratégico de Modernización del Equipamiento Policial 2025–2030, con una inversión superior a los 9.200 millones de soles destinada a la adquisición de armamento, vehículos, equipos de protección y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial.
En el ámbito migratorio, se endurecieron los controles a ciudadanos extranjeros, exigiendo contratos de trabajo y de alquiler, bajo amenaza de expulsión en caso de incumplimiento. No obstante, los homicidios aumentaron 20 % en los primeros cinco meses del año, situación que contribuyó a la vacancia presidencial aprobada por el Congreso por “incapacidad permanente”.
Un 86 % de la población consideró que las medidas del Ejecutivo fueron insuficientes para enfrentar la inseguridad. Las críticas apuntaron a la falta de resultados concretos frente al crimen organizado y a la continuidad de la violencia tanto en zonas urbanas como rurales.
El inicio del gobierno de José Jerí
La asunción de José Jerí tras la destitución de Boluarte implicó un cambio en el enfoque de seguridad. El mandatario interino decretó el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, habilitando la participación directa de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional.
La medida implicó restricciones a derechos como la libre reunión y el tránsito, y fue presentada como parte de una estrategia más agresiva contra el crimen. “Las guerras se ganan con hechos, no con discursos”, señaló Jerí.
Asimismo, anunció la eliminación del actual plan nacional de seguridad ciudadana y la elaboración de uno nuevo, inspirado en experiencias previas como el plan Bratton. También adelantó la presentación de un plan multisectorial y articulado a inicios de 2026, con énfasis en el control territorial y la persecución de las organizaciones criminales.
A diferencia de su antecesora, Jerí mantiene una exposición constante ante los medios. Con un estilo sobrio y una imagen enfocada en la lucha contra la delincuencia, suele aparecer públicamente con camisas blancas y un discurso firme.
Su primera actividad fuera del Palacio de Gobierno fue una intervención en un penal para decomisar objetos prohibidos. La acción, ampliamente difundida, mostró a los internos sometidos a estrictos controles, en una escena similar a operativos realizados en cárceles de países como El Salvador y Ecuador.
Las intervenciones en centros penitenciarios —identificados como focos de extorsión— continuaron en los días siguientes, mientras Jerí enfrentaba dificultades para conformar su gabinete, que finalmente quedó instalado casi una semana después, con el abogado Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros, quien obtuvo sin mayores obstáculos el voto de confianza del Congreso.
Pese a estas acciones, los reportes de extorsiones y asesinatos no se han detenido, especialmente contra conductores de transporte público, quienes han retomado los paros y protestas en rechazo a la falta de resultados concretos del nuevo Gobierno.
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