La crisis de seguridad en el Perú se intensifica con un preocupante incremento en los casos de homicidios, revelando la creciente influencia del crimen organizado y las limitaciones del Estado para contenerlo. Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre enero y junio de 2025 se han registrado 161 asesinatos más que en el mismo periodo de 2024.
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Estos datos refuerzan lo señalado en el último informe de Human Rights Watch (HRW), donde se advierte que los homicidios en Perú se incrementaron en casi 137 % entre 2018 y 2024, alcanzando un total de 2,546 asesinatos el año pasado. El informe califica al país como uno de los que más rápidamente ve crecer este tipo de crímenes en América Latina.
Sicariato, bandas criminales y minería ilegal
El documento elaborado por HRW expone la fragmentación del crimen organizado en el Perú, compuesto por cientos de bandas criminales que operan en distintas regiones. La organización entrevistó a efectivos policiales en Trujillo, quienes aseguraron que en la ciudad operan más de 40 organizaciones criminales, siendo la más violenta ‘Los Pulpos’, una red dedicada a la extorsión que ha extendido sus operaciones hasta Chile.
Además, autoridades del Gobierno Regional de La Libertad vincularon a esta banda con actividades de minería ilegal de oro en Pataz, una zona que se ha convertido en foco de criminalidad y conflicto armado.
El informe también recoge declaraciones de fiscales que advierten sobre la participación de bandas criminales brasileñas en la minería ilegal en regiones como Madre de Dios y Ucayali, usando esta actividad como mecanismo para lavado de dinero y diversificación de ingresos ilícitos.
HRW critica reformas legales que limitan lucha contra el crimen
La directora para América Latina de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, señaló en el programa Las cosas como son de RPP que el Congreso peruano ha aprobado 88 leyes y medidas desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, muchas de las cuales debilitan la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.
Entre estas medidas, criticó la reducción de los plazos para la colaboración eficaz, lo que, según explicó, dificulta a los fiscales la recolección de pruebas fundamentales para desarticular redes criminales.
“Cuando hago más difícil la colaboración eficaz, el fiscal se queda solo con aquel que puede perseguir directamente, pero pierde la posibilidad de escalar en la jerarquía criminal”, afirmó Goebertus.
Asimismo, HRW cuestionó la decisión del Congreso de exigir la presencia obligatoria de un abogado en los allanamientos, lo cual, según Goebertus, elimina el factor sorpresa esencial para estas diligencias. Indicó que en otros países de la región basta con una orden judicial para proceder con estos operativos.
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