Entre el 10 y el 21 de octubre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 54 homicidios a nivel nacional, cifra que refleja la creciente ola de violencia que atraviesa el país durante la gestión del presidente José Jerí. El número incluye el asesinato del ciudadano Eduardo Ruiz, quien perdió la vida tras recibir el impacto de una bala disparada por un policía durante la marcha del 15 de octubre en Lima.
Lima, La Libertad y Tumbes concentran la mayor cantidad de homicidios
De acuerdo con el análisis del especialista en datos Juan Carbajal, Lima encabeza la lista con 22 homicidios reportados en apenas once días, seguida por La Libertad (10 casos) y Tumbes (4 casos). Otras regiones del país también registraron crímenes, aunque en menor proporción. Carbajal advirtió que la cifra podría incrementarse en los próximos días debido a la falta de actualización de los registros oficiales.
En lo que va del 2025, el país contabiliza un promedio de un homicidio cada 3 horas y 52 minutos, una estadística alarmante que refleja la expansión de la violencia criminal, los ajustes de cuentas y la inseguridad ciudadana que afecta a diversas ciudades del territorio nacional.
Estado de emergencia sin resultados visibles
Pese a las cifras preocupantes, el Gobierno decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, medida que busca fortalecer la presencia policial y militar en las calles para combatir el crimen organizado. Sin embargo, diversas exautoridades y especialistas en seguridad cuestionaron la efectividad de esta estrategia, señalando que no se observan resultados tangibles en la reducción de homicidios ni en la contención de las organizaciones delictivas.
Según exministros del Interior y analistas consultados, la medida carece de coordinación interinstitucional y planificación operativa, lo que limita su impacto en los distritos más afectados por la violencia. Además, se ha denunciado la falta de controles adecuados y la ausencia de políticas complementarias de prevención del delito.
Violencia e impunidad, una combinación peligrosa
Las recientes estadísticas también evidencian una creciente sensación de impunidad entre la población. En muchos casos, los crímenes registrados no llegan a resolverse ni a judicializarse de manera oportuna, lo que incrementa la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Diversos colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la escalada de violencia, especialmente por los casos de uso excesivo de la fuerza policial, como el ocurrido durante las manifestaciones del 15 de octubre.
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