El expresidente del Perú, Pedro Castillo, vuelve a ser el centro de atención política tras la reciente denuncia constitucional presentada por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País). Esta acusación busca inhabilitar al exmandatario para ejercer funciones públicas durante 10 años, debido a su presunto intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. En ese momento, Castillo anunció la disolución del Congreso y la reforma del sistema de justicia, una decisión que generó una profunda crisis política en el país.
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Esta denuncia no es la primera que enfrenta Pedro Castillo. Se suma a otra presentada en enero de 2024 por el congresista Alejandro Muñante, que también involucra a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta. Ambas acusaciones resaltan la gravedad de los actos del exjefe de Estado y su presunto incumplimiento de la Constitución.
¿Cuáles son los argumentos de la denuncia contra Pedro Castillo?
De acuerdo con el documento presentado por Cavero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), Pedro Castillo habría infringido varios artículos de la Constitución Política del Perú, entre ellos los artículos 43, 45, 117, 118 y 143. Estos preceptos se relacionan con el respeto al orden constitucional y la separación de poderes.
Según el congresista, el golpe de Estado fue un acto que demostró la intención de Castillo de perpetuarse en el poder y concentrar el control político en una sola persona. En el documento se lee:
«No cabe duda que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado, que intentó acabar con todas las instituciones que pudieran defender el orden constitucional y que lo que buscaba era perpetuarse en el poder y gobernar, concentrando todo el poder político en una sola persona.»
Esta afirmación refleja la preocupación de varios sectores políticos sobre las intenciones del exmandatario y su impacto en la estabilidad democrática del país.
Posibles consecuencias para Pedro Castillo
La denuncia constitucional contra Pedro Castillo no solo busca su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, sino que también podría derivar en consecuencias penales. Actualmente, el exmandatario enfrenta un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad.
La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial imponer a Castillo una condena de 34 años de prisión, junto con una inhabilitación de tres años y seis meses para ejercer cargos públicos y una reparación civil superior a S/65 millones. Estas sanciones reflejan la seriedad con la que se está abordando el caso.
Pedro Castillo y los exministros involucrados
La denuncia no solo afecta a Pedro Castillo. En la acusación presentada en enero por Alejandro Muñante, también se menciona a la ex primera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio. Se les acusa de haber respaldado el golpe de Estado y haber participado en la organización de un gobierno de Emergencia Excepcional.
El papel de los exministros es clave en esta investigación, ya que podría demostrar si el acto fue planificado o improvisado. La participación de estos funcionarios ha sido cuestionada y será fundamental en el desarrollo del proceso judicial.
¿Cuál es el impacto político de esta denuncia?
El caso de Pedro Castillo ha generado un fuerte impacto en el escenario político peruano. La denuncia constitucional y las acusaciones penales no solo afectan la imagen del exmandatario, sino también la estabilidad política del país. El intento de golpe de Estado y la respuesta de las instituciones han sido objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional.
Reacciones del Congreso y de la opinión pública
El Congreso peruano ha mostrado un fuerte respaldo a las denuncias presentadas contra Pedro Castillo. Muchos congresistas han resaltado la importancia de defender el orden constitucional y evitar precedentes que pongan en riesgo la democracia.
Por otro lado, la opinión pública está dividida. Mientras algunos ciudadanos consideran que la sanción es justa y necesaria, otros creen que se está utilizando el caso para perseguir políticamente al exmandatario. Este debate refleja las tensiones políticas que aún persisten en el país.
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