El expresidente Pedro Castillo volvió a generar controversia al insistir en que su destitución del cargo fue irregular y que, por tanto, aún se le debería reconocer como jefe de Estado. Durante una reciente audiencia judicial, el exmandatario afirmó que su vacancia fue “inconstitucional” y que su prisión preventiva constituye “el abuso de todos los abusos”.
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Pedro Castillo alega que su vacancia fue ilegal
Durante la sesión judicial por el pedido de cese de prisión preventiva, Pedro Castillo aseguró que contra él se ha cometido una injusticia. “Casi tres años abusivamente, donde el mismo Ministerio Público dice que no hay rebelión y cambia la acusación a conspiración, pero sin pruebas”, declaró ante el tribunal. Según su defensa, los “nuevos elementos de convicción” que justificarían su liberación son las más de 70 sesiones del juicio oral en las que, según afirma, no se ha demostrado su participación en un alzamiento armado.
El exmandatario insistió en que fue víctima de una persecución política y que su detención se produjo de manera arbitraria. “Fui detenido siendo presidente de la República. Primero me detuvieron, luego me vacaron, y de manera inconstitucional”, expresó con tono enérgico ante los magistrados.
El argumento de Castillo: “Sigo siendo presidente constitucional”
En su intervención, Pedro Castillo sostuvo que el Congreso no contó con los votos necesarios para aprobar su vacancia en diciembre de 2022. “Hoy el mismo Congreso dice: ‘Tengamos cuidado con la señora Dina Boluarte, porque con Castillo no tuvimos los 104 votos’. Entonces, si no hubo votación calificada, sigo siendo presidente constitucional”, afirmó.
Asimismo, pidió que la justicia peruana actúe “del lado de la verdad y la razón”, señalando que la historia le dará la razón sobre lo que considera un abuso del poder legislativo. “El pueblo sabe lo que pasó y sabrá juzgar”, sentenció.
El fallo del Tribunal Constitucional contradice su versión
Sin embargo, lo sostenido por Pedro Castillo carece de respaldo legal. El Tribunal Constitucional (TC) ya determinó que la destitución del exmandatario fue legítima y respondió a un contexto excepcional tras su intento de golpe de Estado. Según la resolución del TC, Castillo dejó de ser presidente no con la votación de vacancia, sino en el momento en que anunció el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia.
El máximo intérprete de la Constitución estableció que el Congreso actuó dentro del marco legal, ya que el país atravesaba una situación de grave crisis institucional. El fallo también concluyó que Castillo incurrió en una ruptura del orden constitucional, lo que justificó la rápida respuesta del Parlamento y su inmediata destitución.
Cuestionamientos judiciales y nuevas denuncias
El exmandatario se encuentra actualmente bajo prisión preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de rebelión y conspiración. Además, la Fiscalía de la Nación presentó recientemente una nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el caso conocido como “Los Niños”, una presunta red de congresistas que habrían apoyado a su gobierno a cambio de favores y beneficios políticos.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta organización habría operado desde el Ejecutivo con la finalidad de controlar ministerios estratégicos y dirigir contrataciones públicas de manera irregular. Castillo, por su parte, niega los cargos y sostiene que todas las acusaciones responden a una persecución política en su contra.
Cuestionamientos al proceso judicial
Durante la misma audiencia, el exjefe de Estado afirmó que su proceso judicial presenta vicios de nulidad. Según dijo, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, “no es el llamado por ley para llevar la investigación preparatoria”. “De esta Sala Suprema, el Código Penal establece que al menos uno debería estar conduciendo esta sala especial de acusación”, argumentó.
El equipo legal de Pedro Castillo reiteró que su prisión preventiva carece de fundamentos, ya que el Ministerio Público no habría presentado pruebas concretas que sustenten la imputación de conspiración. Sin embargo, el Poder Judicial ha ratificado en varias oportunidades la medida restrictiva, señalando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculización del proceso.
El Tribunal Constitucional y la defensa de la democracia
El fallo del TC fue categórico al señalar que Pedro Castillo intentó quebrar el orden democrático. Los magistrados recordaron que, antes de su detención, el entonces presidente había anunciado por televisión el cierre del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la instauración de un “gobierno de excepción”. Dichas acciones constituyeron un golpe de Estado, motivo por el cual el Parlamento actuó de inmediato para restablecer la constitucionalidad.
El propio Tribunal Constitucional explicó que la “celeridad” del proceso de vacancia no vulneró el debido proceso, ya que el país enfrentaba una amenaza inminente al equilibrio de poderes. Con ese argumento, el alto tribunal rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa de Castillo.
A un paso de la inhabilitación política
Mientras tanto, el exmandatario enfrenta otra batalla en el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está próxima a debatir el informe final sobre las denuncias presentadas contra él por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. De aprobarse, Pedro Castillo podría ser inhabilitado hasta por diez años para ejercer cargos públicos, lo que impediría una eventual candidatura en las elecciones de 2026.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, informó que tras más de tres horas de sesión se encargó a la congresista Ana Zegarra la elaboración del informe final, que deberá presentarse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Aunque los plazos podrían extenderse, se prevé que el documento sea debatido en noviembre. El resultado marcará un punto decisivo en la carrera política de Castillo y en el proceso de rendición de cuentas por su intento de quebrar el orden constitucional.
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