El expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, formalizó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia presidencial, así como contra la actual mandataria, Dina Boluarte.
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La acción judicial, presentada por su equipo legal, busca cuestionar la legitimidad del proceso que lo apartó del cargo y plantea presuntos delitos cometidos durante la sesión parlamentaria que puso fin a su gobierno.
Los fundamentos de la denuncia presentada por Pedro Castillo
De acuerdo con el documento ingresado ante las autoridades judiciales, la defensa del exmandatario argumenta que el Congreso no alcanzó el número mínimo de votos exigido por el Reglamento del Congreso de la República para aprobar una vacancia presidencial. Según el artículo 89-A, inciso c, se requieren los votos de las cuatro quintas partes del número legal de congresistas, es decir, 104 sufragios. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2022, día en que se debatió su destitución, el Pleno consiguió solo 101 votos a favor de la medida.
La denuncia sostiene que esta diferencia de tres votos convierte el acto parlamentario en un proceso “inconstitucional y arbitrario”, al no cumplir los estándares legales para declarar la vacancia. Asimismo, se acusa a los congresistas y a Boluarte de los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.
Argumentos sobre la vulneración del debido proceso
El equipo legal de Pedro Castillo también asegura que su defendido no tuvo las garantías necesarias durante el procedimiento parlamentario. Según el escrito, Castillo fue sometido a un proceso de vacancia sin contar con un abogado particular ni de oficio, lo que habría vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso, principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú.
“El expresidente no tuvo oportunidad de ejercer su defensa técnica, ni de designar representante alguno que pueda intervenir en su nombre durante el debate de vacancia”, indica el texto presentado por su defensa. Además, se enfatiza que el Congreso actuó con “celeridad impropia” y “sin respetar los plazos mínimos de deliberación”, lo que, según la denuncia, configuraría una violación de garantías procesales.
Contexto político del 7 de diciembre de 2022
El día de la vacancia, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un “gobierno de excepción” antes de la sesión parlamentaria. La medida fue calificada como un intento de golpe de Estado por diversas instituciones, lo que precipitó su destitución inmediata y detención posterior. Desde entonces, el exmandatario cumple prisión preventiva mientras enfrenta investigaciones por rebelión y conspiración.
A pesar de estos antecedentes, su defensa insiste en que la destitución fue irregular desde el punto de vista formal. La denuncia presentada busca no solo cuestionar la validez de la votación, sino también responsabilizar penalmente a quienes, según Castillo, actuaron fuera del marco legal.
Los congresistas y autoridades implicadas
En el documento, se menciona a los 100 congresistas que emitieron su voto a favor de la vacancia, así como a la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo inmediatamente después de la destitución. La defensa de Castillo los señala como “partícipes directos” de la supuesta vulneración de derechos y del quebrantamiento del procedimiento parlamentario.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la denuncia también solicita a la Fiscalía de la Nación la apertura de una investigación preliminar que permita determinar si existió una concertación entre las bancadas parlamentarias para asegurar los votos necesarios, a pesar de no cumplir con el número legal requerido.
Antecedentes de denuncias similares
No es la primera vez que Pedro Castillo y su equipo legal presentan una acción judicial contra el Congreso. En junio de 2023, la Fiscalía de la Nación archivó parcialmente una denuncia previa en la que se acusaba a más de cien autoridades, incluidos 101 congresistas, de los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. En esa oportunidad, el Ministerio Público concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para iniciar una investigación penal formal.
La nueva denuncia, sin embargo, introduce un argumento adicional: la insuficiencia de votos para la aprobación de la vacancia. Según la defensa, este elemento constituye una “prueba objetiva” de que el proceso fue inválido, lo que reabre el debate sobre la legitimidad de la destitución del exmandatario.
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