La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha solicitado formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordene a la Policía Nacional del Perú (PNP) garantizar su reincorporación como fiscal suprema, tras la revocatoria de su suspensión por el Poder Judicial.
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El requerimiento fue presentado el lunes 4 de agosto, luego de que venciera el plazo otorgado por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para oficializar su retorno. Benavides invocó “ejecutar el apercibimiento” dispuesto en el decreto del 23 de junio, donde la directora de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Hidalgo, advirtió que podría solicitar el uso de la fuerza pública si no se cumplía con la reposición.
Pese a la presión, la JNJ no ha resuelto aún la solicitud de Benavides, aunque sí notificó al Congreso sobre el “reiterado incumplimiento” de Espinoza. En paralelo, el abogado de Benavides, Juan Peña, acudió el viernes 8 de agosto a la Fiscalía de la Nación acompañado de un efectivo policial para constatar los avances del trámite.
Si bien Benavides está próxima a regresar al Ministerio Público, su reincorporación será como fiscal suprema, pues su mandato como fiscal de la Nación culminó en julio. Actualmente, la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos están ocupadas por fiscales provisionales, Rosa López y Alcides Chinchay, respectivamente.
Su designación en cualquiera de estos despachos generaría potenciales conflictos de interés: en la fiscalía de López se investigan los casos Los Cuellos Blancos del Puerto, donde Benavides es coinvestigada; y en la de Chinchay, un caso contra su hermana, la jueza Enma Benavides. Otra alternativa sería asumir el cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente ocupado por la fiscal provisional Martha Maisch Molina.
Delia Espinoza ha señalado que la reincorporación dependerá del visto bueno presupuestal y de la viabilidad administrativa. Mientras tanto, las denuncias constitucionales contra Benavides por presunta vinculación con una red criminal siguen generando tensión en la cúpula fiscal.
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