La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, inscribió su único inmueble como patrimonio familiar a nombre de sus hijas el 4 de febrero de este año. Esta acción se produjo poco después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciara una investigación en su contra, debido a las declaraciones de su exasesor, Jaime Villanueva Barreto.

Según Villanueva, Benavides orquestó la destitución fraudulenta de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo del caso de su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de recibir sobornos de un narcotraficante para liberarla. Revilla se había negado a archivar el caso.

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Al inscribir el inmueble en San Borja como patrimonio familiar, Benavides intenta protegerlo de embargos o demandas de reparación civil derivadas de los casos penales en su contra.

La fiscal suprema especializada en Corrupción de Funcionarios, Delia Espinoza, inició una investigación preliminar contra Benavides el 9 de enero por presuntos delitos como organización criminal, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Espinoza citó las declaraciones de Villanueva como evidencia.

El abogado de Benavides, Jorge del Castillo, defendió la acción, argumentando que el patrimonio familiar es una medida legal para proteger la propiedad de su clienta y sus hijos menores de edad.

Sin embargo, la penalista Diana Pérez Ruíz considera que esta acción podría ser interpretada como un intento fraudulento de proteger el inmueble. Pérez Ruíz sugiere que el Ministerio Público o el Procurador podrían impugnar la inscripción del patrimonio familiar en Registros Públicos.