En el desfile de nuevos y conocidos rostros de precandidatos para postular a las elecciones internas de los partidos políticos, sorprendió un grupo de aspirantes que tienen serios problemas legales y éticos para competir, ya sea porque están prófugos, inhabilitados por el Congreso o porque son investigados por delitos de corrupción.
“Lo que se busca es impunidad ante la posibilidad de que vayan a la cárcel. Lo lamentable es que hay partidos políticos que se prestan a ese tipo de circunstancias, no tanto en el caso de Vladimir Cerrón y de Martín Vizcarra, quienes van en sus propios partidos, sino en los casos de Podemos, Somos Perú y el mismo APP (Alianza para el Progreso) que le abren la puerta a impresentables. Lamentablemente, esos partidos no hacen ningún tipo de filtro y no les importa. A ellos lo que les importa es ver cómo captan votos”, declaró a El Tiempo el excongresista Juan Sheput.
En esta lista de al menos 15 precandidatos a la presidencia y al Congreso destacan Martín Vizcarra, candidato a la primera vicepresidencia de Perú Primero, quien tiene tres inhabilitaciones del Congreso por 10 años y afronta un juicio por corrupción. Le sigue el precandidato presidencial Vladimir Cerrón por Perú Libre, quien lleva más de dos años en la clandestinidad por tener una orden de captura por lavado de activos.
Más aspirantes
También destacan las precandidaturas del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, como diputado por APP. El exministro arrastra 12 investigaciones fiscales por lavado de activos, abuso de autoridad, encubrimiento personal, tráfico de influencias, entre otros.
Otro caso es el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien a sus 87 años postulará al Senado por la alianza Fuerza y Libertad. El exmandatario tiene impedimento de salida del país por la investigación de lavado de activos relacionado al caso Odebrecht.
Asimismo, otro prófugo de la justicia que quiere ser presidente es el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien pasó a la clandestinidad luego de ser condenado a un año de prisión efectiva por difamar a un trabajador municipal, a quien tildó de “coimero” a través de sus redes sociales. Fernández es recordado por sus continuos escándalos durante el ejercicio de su función como alcalde y por colocar huacos eróticos como atractivo turístico de la cultura Moche.
Le siguen Vladimir Meza (País para Todos), quien va por el Senado y tiene una sentencia por violencia familiar y es investigado por lavado de activos y delitos de corrupción; Magaly Ruiz (APP), que quiere llegar al Senado, pero es investigada por “mochasueldos”, al igual que Rosío Torres (APP), quien quiere ingresar como senadora por Loreto.
Asimismo, en Podemos llevan como precandidatos al Senado a Francis Paredes, investigada por tráfico de influencias, y a Amado Romero, de Madre de Dios, conocido con el apelativo de “comeoro”, quien es investigado por delitos contra los recursos naturales.
“Buscan la impunidad. Son personas acusadas de corrupción y seguramente quieren hacer algún tipo de latrocinio. Lo fundamental es que son personas que lo que están buscando es cierta protección legal ante la inminencia de una sanción penal. Es un hecho concreto que en ambos casos (Vizcarra y Cerrón) las sanciones definitivas les significarían perder su libertad. Es lo mismo que pasa con otras personas que tienen carpetas fiscales como Juan José Santiváñez”, agrega Sheput.
Ya sucedió
El exparlamentario sostiene que este tipo de escenarios no es nada nuevo en el país. Recordó lo sucedido con el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, ahora preso por una condena de 9 años por delitos de corrupción.
“Lamentablemente, hemos permitido que haya una serie de antecedentes como el caso de Gregorio Santos, quien estando en la cárcel con prisión preventiva, pudo postular sin ningún problema. En la actualidad, tenemos al mismo Pedro Pablo Kuczynski que está inmerso en juicios y a la misma Keiko Fujimori, que están postulando a pesar de estar en situaciones conflictivas con la justicia”, aseveró.
Para Sheput, el otro gran problema lo genera el Poder Judicial con la excesiva demora en la resolución de los procesos judiciales.
“Existe mucha permisividad legal y eso permite que se genere este tipo de figuras incoherentes entre lo que es la sanción jurídica y la participación electoral. Esto se agrava porque los juicios en nuestro país duran una eternidad. Si en el caso de Martín Vizcarra y de Vladimir Cerrón ya se hubiera procedido a plantear una sanción definitiva en la cual ya no quede apelar a otra instancia, pues simplemente ya no podrían participar. Pero como los juicios se dilatan cinco o diez años, se permite este tipo de figuras totalmente inconexas o incoherentes”, aseveró.
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