Los trabajadores del Poder Judicial acataron un paro de 24 horas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, según informó el Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Piura.

La medida de fuerza, liderada por Pilar Saavedra, secretaria general del Sindicato informó que este paro tiene como objetivo principal exigir el cumplimiento de los acuerdos de los pactos colectivos y la unificación de los regímenes laborales.

Saavedra explicó que, a pesar de los repetidos reclamos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Economía y Finanzas han hecho caso omiso a sus demandas. “Exigimos que se respeten los convenios colectivos, ya que los compañeros CAS (Contrato Administrativo de Servicios) ganan menos de 1,950 soles, mientras que otros trabajadores de resguardo reciben menos de 1,300 soles,” declaró la dirigente sindical.

Uno de los puntos más controversiales es la existencia de tres regímenes laborales diferentes dentro del Poder Judicial, lo que ha resultado en disparidades salariales significativas. Saavedra señaló que hay trabajadores con el mismo grado y cargo que reciben remuneraciones que varían enormemente: algunos ganan menos de 2,500 soles, mientras que otros reciben más de 5,000 soles. Esta desigualdad ha generado descontento entre los empleados, quienes realizan las mismas funciones bajo condiciones similares.

El paro involucra a más de 630 trabajadores del Distrito Judicial y a otros 150 trabajadores CAS. A pesar de la paralización parcial de actividades, Saavedra enfatizó que no todas las funciones han cesado. Los procesos relacionados con reos en cárceles, hábeas data y otros trámites esenciales continúan siendo atendidos durante el paro.

A niel nacional,  la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, destacó que una de las principales quejas es la falta de entrega de vales de alimentos, que deberían haberse distribuido mensualmente desde enero. Según Navarro, esta situación ha afectado especialmente a los trabajadores con menos remuneración. También subrayó que mientras las bonificaciones para los magistrados han incrementado, los salarios de los trabajadores han permanecido congelados desde 2018.