La situación legal de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, ingresó a una nueva etapa luego de que el Poder Judicial dispusiera una orden de captura nacional e internacional tras su reciente condena a once años, cinco meses y quince días de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. No obstante, el cumplimiento de la medida enfrenta un obstáculo determinante: su actual permanencia en la embajada de México en Lima, donde se encuentra asilada.
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La resolución judicial precisa que, al estar Chávez en libertad debido a la revocatoria previa de su prisión preventiva, corresponde ejecutar su ubicación e inmediata detención. Sin embargo, el mandato no podrá concretarse mientras la exministra permanezca dentro de la sede diplomática, donde el Estado peruano no tiene jurisdicción. Su arresto solo sería viable en caso de que abandone las instalaciones mexicanas.
Condena por conspiración para una rebelión
El tribunal declaró a Betssy Chávez coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, bajo la modalidad de conspiración para una rebelión, conforme al artículo 349 del Código Penal. Además de la pena privativa de libertad, la sala ordenó que, de manera solidaria con los demás sentenciados, pague una reparación civil que asciende a cerca de 12 millones de soles, equivalentes a más de 3,5 millones de dólares.
Esta decisión forma parte del conjunto de sentencias emitidas contra exministros involucrados en el fallido intento de autogolpe liderado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. El exmandatario y el exministro del Interior, Willy Huerta, también recibieron condenas de prisión y fueron inhabilitados por dos años para ejercer funciones públicas. Por su parte, el exministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, obtuvo una pena reducida de seis años y ocho meses debido a su avanzada edad al momento de los hechos y a factores atenuantes considerados por la sala.
En los casos de Torres y Huerta, los jueces autorizaron la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de la pena en caso de que presenten apelación, tomando en cuenta su colaboración con el proceso judicial y la ausencia de riesgo de fuga.
Absolución de implicados policiales
En paralelo, la Corte Suprema dispuso la absolución de algunos oficiales policiales procesados por los acontecimientos del 7 de diciembre. Entre ellos figura el general en retiro Manuel Lozada Morales, exjefe de la Séptima Región Policial, al no encontrarse pruebas concluyentes que acrediten su responsabilidad penal en los hechos investigados.
La denominada “cárcel dorada” de Betssy Chávez
La residencia diplomática de México en Lima, donde Chávez permanece en condición de asilada, ha generado amplio interés público. Ubicada en el distrito de San Isidro, una de las zonas más exclusivas de la capital, la vivienda destaca por su amplitud y condiciones privilegiadas.
Según información difundida por el medio Perú21, el inmueble cuenta con aproximadamente 752 metros cuadrados y ha sido diseñado para ofrecer espacios amplios y una experiencia residencial de alto nivel. Estas características han llevado a que el entorno en el que se encuentra la ex primera ministra sea calificado mediáticamente como una “cárcel dorada”, dado que, pese a su libertad restringida, permanece en un espacio confortable y con condiciones superiores a las de un establecimiento penitenciario.
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Mientras tanto, el futuro judicial de Betssy Chávez continúa sujeto a la evolución de su proceso, así como a las decisiones diplomáticas vinculadas a su solicitud de asilo y a las relaciones bilaterales entre Perú y México.
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