Desde el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde hace más de tres meses, el expresidente Ollanta Humala rompió su silencio mediante una columna publicada en La República. En ella, denunció que es víctima de un “secuestro” y una “violación flagrante del debido proceso”, señalando directamente a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias como responsables de una detención sin sentencia redactada ni fundamentos comunicados oportunamente.
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“Estoy secuestrado en el penal de Barbadillo desde hace más de tres meses. […] Aquel martes 15 de abril de 2025, mis enemigos, jueces y fiscales celebraban la muerte del Estado de derecho y de la democracia”, escribió Humala, cuestionando duramente la legitimidad del fallo.
El exmandatario afirma que fue detenido sin contar con una sentencia completa y que esta recién fue firmada digitalmente el 2 de mayo, casi dos semanas después de su encarcelamiento, en lo que calificó como un intento de “corregir retroactivamente” una decisión ilegal. Además, indicó que la lectura pública de la sentencia fue incompleta y que el documento final no estuvo disponible al momento de su detención.
Humala también denunció una persecución política prolongada contra su entorno familiar, mencionando que su esposa, Nadine Heredia, se vio obligada a pedir asilo político debido a la “sistemática vulneración de sus derechos por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial”.
“Este mal uso del Derecho ha derivado en una judicialización de la política que socava el Estado de derecho y la democracia”, advirtió, responsabilizando a “poderes fácticos” de manipular el sistema judicial en su contra.
Poder Judicial reconoce irregularidad, pero la considera “subsanada”
Cabe resaltar que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima reconoció que la detención de Humala tras la lectura del adelanto del fallo fue inconstitucional por no estar respaldada con una sentencia escrita en ese momento. No obstante, según declaraciones de su abogado Wilfredo Pedraza, la situación se habría corregido con la posterior notificación del fallo completo.
“Fue un periodo de detención indebida, pero al haberse entregado la sentencia escrita, esa irregularidad fue subsanada. Eso no implica una liberación inmediata”, explicó Pedraza en diálogo con RPP Noticias.
A pesar del pronunciamiento judicial, Ollanta Humala insiste en que su caso refleja una profunda crisis del sistema judicial peruano, en el que —según afirma— el Estado de derecho y la imparcialidad han sido quebrantados.
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