La reciente promulgación de la Ley 32326, que modifica la extinción de dominio, ha generado controversia. El Poder Judicial advierte que esta norma debilita la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, afectando los avances en la recuperación de activos ilícitos.
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¿Qué es la extinción de dominio y por qué es importante?
La extinción de dominio es una herramienta legal que permite confiscar bienes obtenidos o utilizados en actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o la minería ilegal, sin necesidad de una condena penal. Desde 2019 hasta el primer trimestre de 2025, el Poder Judicial ha recuperado más de 172 millones de dólares mediante este mecanismo, demostrando su eficacia.
Sin embargo, la nueva ley, según el Poder Judicial, ignora estándares internacionales, como el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto podría exponer al Perú a sanciones y su inclusión en listas de alto riesgo económico.
¿Cómo afecta la nueva ley a la lucha contra el crimen organizado?
La reforma legislativa debilita el subsistema nacional de extinción de dominio, permitiendo que activos ilícitos sigan circulando. Esto favorece actividades delictivas como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el lavado de activos. Además, pone en riesgo los compromisos internacionales del Perú, especialmente ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entre 2025 y 2029.
¿Qué riesgos internacionales enfrenta el Perú?
El Poder Judicial alerta que la ley podría llevar al Perú a ser clasificado en la “lista gris oscura” o incluso la “lista negra” de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Esto limitaría el acceso a organismos como la OCDE y generaría sanciones económicas, afectando la estabilidad financiera del país.
¿Es eficaz el sistema actual de extinción de dominio?
El Poder Judicial destaca que el 82.2 % de los procesos resueltos por el subsistema no han sido impugnados, lo que demuestra su legitimidad y eficacia. La entidad lamenta que la reforma sea “lesiva” y destruya un mecanismo clave en la lucha contra la corrupción.
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