¿Nueva ley dará mucho poder a la Contraloría?
septiembre 7, 2023
Autor: Victor Palacios

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El pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley que propone tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y otorga medidas sancionadoras a la Contraloría de la República, facultad que le fue retirada por el Tribunal Constitucional en abril del 2019.

Claro que los congresistas han tomado a bien el restituir esta capacidad del ente fiscalizador, pues creen que ello es un paso adelante en la lucha contra la corrupción: culpan al Ministerio Público y al Poder Judicial de no tomar cartas en el asunto en los riesgos que detecta la Contraloría, con lo cual podrían evitarse la pérdida de grandes sumas de dinero por malversación del tesoro público.

Sin embargo, los analistas entrevistados por este medio catalogaron de error la decisión tomada por el Congreso -el Ejecutivo ya había observado la ley-, ya que se podría caer en abusos, al ser juez y parte. También consideraron que la entidad al mando de Nelson Shack podría terminar por invadir funciones que no le corresponden y, además, ¿quién va a controlar a la Contraloría?

La norma podría entrar en vigencia en uno o dos meses y será competencia del próximo gobierno el ponerla en funcionamiento. El beneficio o perjuicio de esta va a depender del marco jurídco que se le dé.

Por otro lado, cabe mencionar que la entidad fiscalizadora saludó la norma: “Saludamos decisión del Congreso de aprobar por insistencia la ley que permite sancionar a funcionarios y servidores públicos que incurren en actos de corrupción e inconducta funcional. Dicha aprobación nos permitirá un combate real a la impunidad que afecta la vida de los peruanas y peruanos”.

 

Angelica Palomino, congresista por Piura

Si queremos cambio, debemos cambiar las leyes. La Contraloría ha trabajado con las manos atadas para sancionar. Hemos visto casos emblemáticos en los que la Fiscalía ha dormido el sueño de los justos. Es bueno que la Contraloría actúe de manera rápida, como con las cartas fianzas falsas, pero pudo haber cesado a varios funcionarios si hubiera tenido esa facultad. Es un paso importante en la lucha contra la corrupción.
Si el presidente no envía la ley al Tribunal Constitucional, en 30 o 60 días estaría lista su reglamentación. Por otro lado, respecto a un posible exceso de poder, no podemos vivir de quién controla a quién, si fue primero el huevo o la gallina; existen varias instituciones. Además, no van a sancionar por sancionar porque ellos son un órgano más bien técnico y siguen ciertos criterios.

 

Edward Zarate, congresista por Piura

El impacto es positivo porque se luchará contra la corrupción; no queremos más corruptos en la administración pública. Para ello, la Contraloría debe tener más acciones de las que tiene ahora, tanto para prevenir como para que no se consumen estos actos que causen perjuicios económicos.
Se preguntan quién va a controlar que no haya excesos, pero nosotros confiamos en que los funcionarios de dicha institución hagan bien su trabajo; y si ellos cometieran infracciones por no actuar dentro de sus competencias, también deben ser pausibles de sanciones por exceso en el ejercicio de sus funciones y allí podría ser la Fiscalía la que elabore la investigación. Ya hay instituciones creadas para controlar esto. Tenemos a la Fiscalía, pero también tenemos al mismo Parlamento para cumplir su labor de fiscalización.

Manuel Palacios, exdecano del Colegio de Abogados de Piura

Esa facultad ya la tenía la Contraloría, pero por un proceso constitucional se dejó sin efecto. Era un órgano sancionador y fiscalizador, generaba responsabilidad civil, administrativa, penal y se les agregó la funcional, y era un poco contradictorio incrementar las funciones porque ya existen varios órganos de control, como el sistema anticorrupción en los gobiernos regionales, las secretarías técnicas.
Cuando ellos hacen una investigación o acción de control, ellos pueden interpretar algo como irregular, ellos mismos encuentran los hallazgos, se lo remiten al funcionario para los descargos y determinan responsabilidades. Ellos son juez, parte, árbitro, jugador, hacen todo. Habría que volver a leer la resolución del Tribunal Constitucional para entender por qué le quitaron la facultad de sancionar.

 

Juan Sheput, excongresista

Considero que la ley aprobada por el Congreso es un exceso que solo está demostrando la debilidad que tienen las instituciones. La Contraloría no debe distorsionar el rol que ya le está dando la Constitución para no caer en una demasía de funciones. Esto incluso podría quitarle poder al Ministerio Público, entonces solo están proyectando una gran debilidad institucional, podrían invadir funciones que no les corresponden y no respetar la Carta Magna.
Respecto a quién va a supervisar que no haya excesos, pues yo mismo participé en la destitución del excontralor Edgar Alarcón; ellos van a estar sujetos al control del Congreso. Pero vamos al hecho funcional, en qué medida daña los procesos que ya están en curso, cuando intervenga la Contraloría. Se está ignorando que deben existir pesos y contrapesos en el Estado.

 

Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima

El problema que se va a pesentar es que la Contraloría se demora en investigar y con esta disposición del Congreso se va a dar lugar a que se cometan arbitrariedades. La dependencia de la Contraloría al Ejecutivo, va a que hagan su investigación, detectan irregularidades, suspenden funcionarios y adiós.
Es una situación que se reclamaba porque había abusos y demoras por parte de esta entidad; ellos terminan por investigar después y no antes de que ocurra un hecho. Se pueden dar abusos y más porque no va a haber seguridad jurídica en el próximo gobierno, con este cambio de Constitución que se ha planteado. En realidad, no sé en qué va a ayudar en la lucha contra la corrupción. Si esta fuera más eficiente se habrían evitado muchos perjuicios para el Estado. Solo investigan a sus enemigos.

 

Ronald Vilchez, abogado penalista de la UDEP

Según lo poco que se conoce de la ley aprobada, puedo decir que no son cuestiones de exceso de poder, sino que la idea es ampliar las facultades que tiene la Contraloría, que va muy con la lógica para establecer más mecanismos de lucha contra la corrupción, y para luchar contra las irregularidades en la administración pública; habrá que esperar al reglamento para ver qué facultades les están dando.
No creo que lo que hagan vaya a ir contra lo que ya hace el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues lo que hacen son cosas distintas. Están relacionadas, pero uno es más administrativo y el otro es más penal. Además de que las funciones de cada entidad van por caminos paralelos y llegan a una sanción, pero la razón y lo que buscan están en caminos distintos, según lo que dice la misma Constitución.

 

Luis Herrera, experto en comunicación política

A mí me parece que esto no va a ayudar a la eficiencia de la gestión pública porque la Contraloría va a tomar demasiadas facultades; no se puede ser juez y parte de un proceso, no se puede identificar la falta y ser ellos mismos quien la sancionen. Más bien va a generar un sentimiento de restricción de parte de los funcionarios públicos.
La intención del Congreso es buena y la Contraloría ha estado insistiendo en recuperar esta facultad, pero tienen un deber de fiscalización primero, para apoyar a la gestión pública en el control inerno, gestión de riesgos y poder conducir con claridad y dar recomendaciones para mejorar la administración. Cuando se quiere actuar a la par como sancionador, puede que más bien cause paralizaciones, la gestión no va a ser más eficiente, podría más bien ser un factor e entorpecimiento.

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