La reciente promulgación de la Ley 32326 introduce modificaciones significativas en el proceso de extinción de dominio en Perú, un mecanismo clave para recuperar bienes ilícitos provenientes de actividades criminales. A partir del 10 de mayo de 2025, esta norma, impulsada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén, establece nuevos requisitos que dificultan la recuperación de activos ligados a delitos como lavado de activos y corrupción.
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¿Qué es la Extinción de Dominio y Cómo Cambia con la Ley 32326?
La extinción de dominio permite al Estado incautar bienes que provienen de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, terrorismo, corrupción o minería ilegal. La nueva normativa exige una sentencia judicial firme previa que pruebe el delito, un cambio que, según expertos como el juez Manuel Luján Tupez, podría archivar más de cinco mil procesos en trámite por no cumplir con los nuevos requisitos.
¿Cuáles Son los Nuevos Requisitos de la Ley 32326?
- Sentencia firme: Se requiere un fallo judicial definitivo que demuestre la relación del bien con un delito.
- Plazo de cinco años: El Estado tiene un límite de cinco años para iniciar el proceso de extinción de dominio tras la sentencia.
- Pruebas fiscales: El fiscal debe probar el origen ilícito del bien, invirtiendo la carga de la prueba que antes recaía en el investigado.
- Notificación: Todas las partes afectadas, incluidos terceros de buena fe, deben ser informadas del proceso.
¿Qué Delitos Aplica la Extinción de Dominio?
La Ley 32326 abarca bienes relacionados con delitos como lavado de activos, corrupción de funcionarios, contrabando, defraudación tributaria, estafa y delitos informáticos. Sin embargo, para ciertos crímenes, como narcotráfico o terrorismo, la sola sospecha aún permite iniciar el proceso, aunque probar el origen ilícito sigue siendo un desafío.
¿Cómo Afecta la Ley a los Procesos Actuales?
La norma se aplica de inmediato a todos los procesos en curso, lo que podría beneficiar a figuras como Vladimir Cerrón, cuya extinción de dominio de más de S/1.6 millones fue anulada por falta de sentencia firme. Casos de ex presidentes como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra también podrían verse afectados, ya que carecen de fallos definitivos.
Reacciones y Controversias de la Nueva Norma
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó los cambios, argumentando que dificultan la lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, sectores como los sindicatos de pescadores celebraron la reforma, ya que protege sus activos de incautaciones por faltas administrativas. Los congresistas que impulsaron la ley defienden que protege a los ciudadanos de errores judiciales.
¿Qué Implica para el Futuro de la Justicia en Perú?
La exigencia de una sentencia previa y el plazo de cinco años podrían retrasar o impedir la recuperación de bienes ilícitos, permitiendo que los delincuentes oculten sus ganancias. Aunque la norma busca garantizar los derechos de los investigados, expertos como Carlos Caro Coria advierten que el proceso judicial se vuelve más complejo, afectando la eficacia de la extinción de dominio.
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