Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continúa en paradero desconocido, mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por el caso ‘Los waykis en la sombra’. Este lunes, el juez Richard Concepción Carhuancho anunciará si decide imponer una prisión preventiva de 36 meses a Nicanor, junto a otros tres investigados, en el marco de un proceso judicial que involucra graves acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y corrupción en perjuicio del Estado peruano.

El caso, que se encuentra bajo la mirada del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, se refiere a una presunta red criminal que habría sido liderada por Nicanor Boluarte. Según las investigaciones fiscales, esta organización utilizó su influencia política para colocar a personas afines en cargos clave dentro de entidades gubernamentales, como las Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provias Descentralizado. Se sospecha que la organización criminal habría facilitado la toma de decisiones para favorecer sus intereses y obtener beneficios económicos ilegales.

Durante la audiencia, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dejó claro que no ha logrado comunicarse con su cliente, quien no se presentó a la audiencia y permanece sin ser localizado. Vivanco expresó su preocupación, mencionando que, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido establecer contacto con su defendido. Este hecho ha incrementado la incertidumbre en torno al paradero de Boluarte, lo que agrava aún más la situación legal del hermano de la presidenta.

Además de Nicanor Boluarte, el juez también evaluará la situación de otros tres investigados: el exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, el amigo de Nicanor, Jorge Chingay Salazar, y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. A todos ellos se les imputa su participación en esta presunta red de corrupción, y se solicita su encarcelamiento preventivo como medida cautelar.

El proceso ha generado gran atención mediática, dado que involucra a familiares cercanos a la máxima autoridad del país, lo que añade un componente político y social al caso. El fiscal especializado ha solicitado que se imponga la medida preventiva por 36 meses para los investigados, al considerar que existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.

El próximo pronunciamiento del juez Concepción Carhuancho será clave para determinar el futuro judicial de Nicanor Boluarte y los demás implicados en el caso.