El Congreso de la República dio inicio a una mesa de trabajo destinada a analizar iniciativas legislativas enfocadas en combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Entre las propuestas destacadas está la presentada por el Poder Ejecutivo, que busca tipificar el delito de terrorismo urbano, con penas mínimas de 30 años para quienes lo cometan y la posibilidad de que los condenados sean recluidos en penales de alta seguridad como la Dinoes o el penal de la Base Naval.

Durante la sesión, liderada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expuso la necesidad de incorporar esta nueva figura penal. Según explicó, su implementación permitiría no solo imponer castigos más severos, sino también habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra organizaciones criminales consideradas como «enemigos comunes».

«La calificación de ciertas conductas como actos de terrorismo urbano implica consecuencias adicionales al incremento de las penas, como la participación activa de las Fuerzas Armadas en la persecución de estos delitos», detalló Santiváñez durante la reunión técnica, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado.

Además de este proyecto, se discutieron posibles ajustes al Código Penal para endurecer las sanciones por delitos como el sicariato y la extorsión, ambos considerados graves amenazas para la población. Las conclusiones alcanzadas serán enviadas el 27 de febrero a las comisiones de Justicia y Defensa del Congreso, donde se integrarán en los informes correspondientes a los proyectos en evaluación.

En su intervención, el ministro Santiváñez también hizo un llamado a establecer un «pacto de seguridad» que proteja a los miembros de la Policía Nacional frente a eventuales procesos judiciales derivados de sus acciones en el cumplimiento del deber. Este acuerdo, según señaló, sería clave para fortalecer la confianza institucional y garantizar una respuesta más contundente contra la criminalidad.