El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió este sábado un comunicado donde expresó su desacuerdo con el dictamen presentado por el Congreso, el cual propone cambiar el nombre del ministerio a «Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad».

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Según el MIMP, esta modificación de nombre no solo distorsiona su objetivo principal, sino que también retrocedía con el compromiso del Estado con todas las mujeres, niñas y adolescentes, al invisibilizar la larga lucha que han llevado a cabo para construir una sociedad igualitaria, libre de violencia y discriminación.

Asimismo, el ministerio enfatizó que representa el esfuerzo continuo de las mujeres peruanas en la defensa de sus derechos, así como la importancia de contar con una institución fundamental dedicada a abordar los desafíos y diversas problemáticas que enfrentan las mujeres, como la violencia y la discriminación.

El comunicado también resaltó el respaldo del ministerio a la lucha por una sociedad que garantice la igualdad real de derechos, oportunidades y condiciones de vida para todas las personas.

Poder Judicial rechaza proyecto 

Por otro lado, desde el Poder Judicial, la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, Elvia Barrios, expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por Milagros Jáuregui, calificándolo como un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres en Perú.

Barrios señaló que el MIMP lleva su denominación actual en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano para proteger especialmente a las mujeres. Considera que cambiar su nombre desconocería el papel fundamental que desempeña el MIMP en la atención de las necesidades de la mitad de la población, sobre todo en lo relacionado con la violencia que sufren.

Asimismo, destacó que la labor para garantizar los derechos de las mujeres no es incompatible con el trabajo destinado a proteger a las familias en su diversidad, a los niños, niñas y adolescentes, a la población adulta mayor, con discapacidad, LGTBQ+, indígenas, afrodescendientes y otras que requieran una atención especializada del Estado.

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