El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, lanzó una seria advertencia al señalar que la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las economías ilícitas más lucrativas y de mayor expansión en el territorio nacional. De acuerdo con el alto mando policial, este negocio clandestino ya genera más ingresos para las organizaciones criminales que el tráfico de cocaína.
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Las investigaciones realizadas por la PNP revelan que las ganancias provenientes de la extracción ilegal del oro multiplican por seis los beneficios económicos del narcotráfico, lo que explica el creciente interés de redes criminales en controlar zonas mineras estratégicas.
En declaraciones a Canal N, Arriola explicó que esta actividad ilegal ha desencadenado un aumento significativo de delitos conexos, como el sicariato y la extorsión, especialmente en regiones donde organizaciones criminales, incluso de carácter transnacional, disputan el dominio de yacimientos auríferos.
Por su parte, Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y exfiscal, advirtió que la minería ilegal de oro representa una grave amenaza al Estado de derecho, además de provocar severos daños ambientales y alimentar al crimen organizado. Señaló que esta actividad deja impactos devastadores no solo en la Amazonía, sino también en zonas de la sierra y la costa.
El uso indiscriminado de mercurio para la extracción del mineral ha contaminado ríos, suelos y cadenas alimenticias, afectando seriamente la salud de comunidades ribereñas e indígenas. En la Amazonía, esta práctica ha generado una deforestación acelerada, con miles de hectáreas de bosque destruidas cada año para dar paso a maquinaria pesada que arrasa ecosistemas frágiles.
A ello se suma un preocupante impacto sanitario: en poblaciones cercanas a campamentos mineros ilegales se han detectado niveles de mercurio en la sangre entre dos y seis veces por encima de lo permitido, poniendo en riesgo especialmente a niños y mujeres gestantes.
Respecto al marco legal, el general Arriola se refirió a la reciente norma que amplía la vigencia del Reinfo hasta 2026 y precisó que la Policía Nacional cumple un rol estrictamente técnico, ejecutando acciones de interdicción conforme a las disposiciones aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo.
La estrategia policial se centra en desarticular la logística criminal, mediante la destrucción de maquinaria y la incautación de mineral extraído de manera ilegal. Arriola reafirmó que la PNP continuará liderando operativos para recuperar el control territorial en zonas críticas como Pataz y Madre de Dios.
En esa línea, el Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas lograron golpear economías ilegales por más de 874 millones de soles en zonas como el Vraem, Pataz y Putumayo. Solo en la provincia de Pataz, las acciones conjuntas del Comando Unificado Pataz generaron pérdidas estimadas en 246 millones de soles para las organizaciones criminales.
Finalmente, las autoridades destacaron que las operaciones realizadas durante 2025 no solo debilitaron significativamente las economías ilegales vinculadas a la minería y al narcotráfico, sino que también fortalecieron la presencia del Estado y el control territorial en áreas estratégicas del país.
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