El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, desde 2023 hasta el 25 de septiembre de 2025, se ha separado a 2,160 docentes y trabajadores administrativos del sistema educativo peruano por estar condenados o procesados por delitos graves.
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De este total, 1,835 son docentes y 325 administrativos, quienes laboraban en 1,829 colegios públicos y 331 privados.
Delitos más frecuentes
Según el Minedu, los principales delitos cometidos son:
- Violación de la libertad sexual: 1,813 casos.
- Terrorismo y apología del terrorismo: 98 casos.
- Tráfico ilícito de drogas: 95 casos.
- Homicidio doloso: 41 casos.
- Secuestro: 36 casos.
- Proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos: 29 casos.
- Proxenetismo: 13 casos.
También se registraron casos de pornografía infantil (9), feminicidio (9), difusión de material sexual sin consentimiento (7), trata de personas (4), parricidio (2), sicariato (1) y otros delitos vinculados.
Minedu intensifica medidas
Entre el 1 de abril y el 25 de septiembre de 2024, el Minedu intensificó estas medidas y separó a 1,165 personas (1,000 docentes y 165 administrativos). De ellas, 176 fueron retiradas de manera definitiva y 989 de forma preventiva.
Los delitos más frecuentes en este periodo fueron:
- Violación de la libertad sexual: 991 casos.
- Terrorismo y apología: 87 casos.
- Tráfico ilícito de drogas: 22 casos.
- Homicidio doloso: 21 casos.
- Proposiciones sexuales a menores en internet: 13 casos.
Marco legal y compromiso
Estas acciones se ejecutan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para apartar del sistema educativo a quienes estén vinculados a delitos como terrorismo, violación sexual, narcotráfico y otros de alta gravedad.
El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que su gestión continuará actuando con firmeza:
“Vamos a limpiar las escuelas de malos elementos y no permitiremos que estén cerca de nuestros niños y jóvenes. La seguridad de los estudiantes es una prioridad”.
Con estas medidas, el Gobierno de Dina Boluarte busca garantizar escuelas seguras y libres de personas que representen un riesgo para la integridad de los estudiantes.
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