El Ministerio de Educación (Minedu) ha tomado medidas drásticas para proteger a los estudiantes, separando a 2,137 docentes y administrativos del sistema educativo debido a delitos graves como violencia sexual, terrorismo, narcotráfico y homicidio.
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¿Por qué el Minedu separó a 2,137 docentes por delitos graves?
El Minedu ha identificado y separado a 2,137 docentes y administrativos con sentencias o procesos judiciales abiertos por delitos graves. Esta medida, respaldada por la Ley 29988, tiene como objetivo principal proteger a los estudiantes de personas que representen un riesgo para su integridad. Además, se ha bloqueado la contratación de 2,389 docentes con procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves en las aulas, asegurando que no puedan volver a trabajar en instituciones educativas.
Estas acciones reflejan el compromiso del Minedu por crear entornos educativos seguros, trabajando de la mano con las UGEL y gobiernos regionales para monitorear y controlar el cumplimiento de estas sanciones a nivel nacional.
Situación alarmante en Condorcanqui: aumento de casos de abuso
La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, enfrenta una crisis alarmante por el aumento de casos de abuso sexual contra menores. Hasta agosto de 2025, la UGEL Condorcanqui ha registrado 648 denuncias por hostigamiento y violencia sexual, de las cuales 524 casos han concluido administrativamente y 124 siguen en investigación. De estos, 103 están en etapa preliminar y 21 cuentan con procesos disciplinarios abiertos, todos con separación preventiva de los docentes implicados.
En 2024, Rosemary Pioc Tenazoa, líder del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, denunció abusos contra 524 estudiantes indígenas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Este año, se han reportado 34 nuevas denuncias, todas en investigación preliminar con separación inmediata de los acusados.
¿Qué medidas ha tomado el Minedu en Condorcanqui?
Para abordar esta situación, el Minedu ha reforzado el apoyo en la UGEL Condorcanqui con personal de asistencia legal, facilitando que las denuncias lleguen al Ministerio Público y al Poder Judicial. Además, se han creado 79 redes de protección comunal, integradas por padres, docentes, autoridades locales y la Policía Nacional del Perú, que acompañan a más de 18,000 estudiantes en residencias estudiantiles para garantizar su seguridad.
Desafíos pendientes: corrupción y falta de recursos
A pesar de los esfuerzos, persisten desafíos significativos. Rosemary Pioc ha señalado la falta de recursos en la fiscalía y la policía, como computadoras o materiales básicos, lo que dificulta las investigaciones. También destacó la corrupción en Condorcanqui, incluyendo casos de acoso por parte de abogados del Centro de Emergencia Mujer (CEM). Estas problemáticas, junto con el aumento de casos de VIH entre menores como consecuencia de la violencia, subrayan la necesidad de más recursos y una acción estatal más contundente.
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