Un amplio despliegue policial y fiscal se desarrolló en diversas regiones del país como parte de un megaoperativo dirigido a desarticular una presunta organización criminal vinculada al caso conocido como “Los Fríos del Hambre”. Esta intervención, enmarcada en las pesquisas por presuntos actos de corrupción en los servicios alimentarios estatales, alcanzó a exfuncionarios públicos relacionados con procesos que involucran a Qali Warma, uno de los programas sociales más importantes del país.
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¿Cómo se desarrolló el operativo y quiénes fueron detenidos?
La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, ejecutó detenciones preliminares y allanamientos de manera simultánea en Lima, La Libertad y Áncash. Como resultado, tres exfuncionarios fueron privados de su libertad por un plazo inicial de siete días. Los detenidos fueron identificados como Luis Alejandro Álvarez Saavedra, Jorge Luis Silva Chuna y Aníbal Manuel Morillo Arqueros, investigados por su presunta participación en una red que habría favorecido irregularmente a proveedores del Estado.
Según la carpeta fiscal, los investigados habrían articulado maniobras para facilitar contratos y renovar vínculos comerciales con empresas previamente sancionadas o con impedimentos legales. Las pesquisas señalan que estas acciones habrían ocurrido entre 2021 y 2024, período en el que se detectaron irregularidades en procesos administrativos, vigilancias sanitarias y validaciones técnicas que permitieron mantener operativas a compañías bajo observación.
Allanamientos y puntos críticos de la intervención
El megaoperativo incluyó el allanamiento de dieciséis inmuebles, entre ellos propiedades vinculadas a personajes del ámbito político regional. Una de las diligencias más relevantes fue la orden de registro en la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña. Sin embargo, la medida no logró concretarse debido a la ausencia del investigado en las direcciones registradas ante el sistema judicial.
Las autoridades sostienen que la presunta red criminal funcionaba mediante coordinaciones no documentadas, alteraciones en procesos de control sanitario y decisiones técnicas direccionadas. Todo ello habría tenido como objetivo mantener en actividad a proveedores ligados al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, entre otros servicios alimentarios administrados por el Estado.
Métodos de operación de la presunta red vinculada a Qali Warma
De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados habrían manipulado procedimientos internos en entidades como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. Entre las acciones identificadas se encuentran la validación irregular de expedientes técnicos y la omisión de observaciones que debían impedir la continuidad de determinados proveedores.
Las autoridades también analizan la posible intervención de terceros que habrían actuado como intermediarios para obtener beneficios económicos mediante la concertación de actos ilícitos. Estas prácticas serían parte del mecanismo que permitió a empresas sancionadas mantener contratos activos y operar dentro de programas alimentarios de gran alcance.
Qali Warma: antecedentes y relevancia del programa alimentario
Qali Warma fue creado en 2012 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con el objetivo de brindar desayunos y almuerzos nutritivos a estudiantes de educación inicial y primaria en escuelas públicas de todo el país. El programa se convirtió en uno de los pilares de la seguridad alimentaria infantil, priorizando a menores de zonas rurales y urbanas vulnerables.
La iniciativa se estructuró mediante comités de compra que supervisaban la selección de proveedores y verificaban la calidad de los alimentos entregados. Este diseño buscó garantizar la transparencia del proceso y asegurar que los productos cumplieran con las medidas sanitarias correspondientes.
Además de mejorar la ingesta nutricional, Qali Warma contribuyó a elevar los niveles de asistencia y permanencia escolar. Su alcance lo posicionó como uno de los programas más significativos dentro de las políticas públicas de protección social en el Perú, lo que explica la atención que generan investigaciones que tocan de manera directa su funcionamiento.
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