No solo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, registra denuncias en la Fiscalía de la Nación. A través de la Ley de Transparencia se RPP detectó que de los 130 congresistas de la República, 82 tienen investigaciones fiscales abiertas en proceso en el Ministerio Público. Esto representa aproximadamente al 63 % del total de legisladores.
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El legislador con más investigaciones es Luis Picón, de Podemos Perú, anteriormente expulsado de Alianza para el Progreso. Picón tiene 107 carpetas fiscales, varias de ellas por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros. Además, según la data oficial brindada por el Ministerio Público, ha sido sentenciado en el distrito fiscal de Huánuco por abuso de autoridad y delitos contra los bienes culturales en el 2017 y 2021, respectivamente.
El segundo de la lista es el mencionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Soto registra 53 denuncias en la Fiscalía desde el 2001; sin embargo, ha negado públicamente tener investigaciones pendientes a pesar de la información brindada por el Ministerio Público.
El parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) es el tercero en la lista, con 22 carpetas fiscales. De estas, dos son sentencias, una por abuso de autoridad y otra por delitos de peligro común, ambas del 2019.
Le sigue en la lista Enrique Wong, congresista no agrupado y actualmente suspendido por infringir el Código de Ética Parlamentaria. Wong consigna 17 carpetas fiscales por presuntos delitos como malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, falsedad ideológica, entre otros.
Para Eduardo Herrera, director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, tener congresistas investigados en el Ministerio Público es riesgoso a nivel de representación y de ética parlamentaria. Además, también puede ser perjudicial para los proyectos de ley que busquen luchar contra la corrupción.
