El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este viernes el traslado del expresidente Martín Vizcarra al Establecimiento Penitenciario Ancón II, donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva dictados en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
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Hasta la fecha, Vizcarra se encontraba recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumplía la medida impuesta por el Poder Judicial. Sin embargo, la Junta Técnica de Clasificación del INPE evaluó su situación y determinó que fuera enviado inicialmente al penal de Lurigancho.
Cambio de decisión por seguridad penitenciaria
En un comunicado oficial, el organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicó que la decisión de trasladar al exmandatario a Ancón II responde a criterios de seguridad penitenciaria.
“El Establecimiento Penitenciario Ancón II cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica”, indicó la institución.
Vizcarra y los casos judiciales
La prisión preventiva contra Martín Vizcarra fue dictada en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, ejecutadas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La medida restrictiva, que se prolongará por cinco meses, busca garantizar que el expresidente no entorpezca el proceso judicial ni evada a la justicia.
Condiciones de reclusión en Ancón II
El penal Ancón II es una de las cárceles de mayor seguridad del país, diseñado para albergar a internos de diferentes perfiles procesales. Según el INPE, el pabellón en el que se encuentra Martín Vizcarra cuenta con vigilancia especializada y espacios acondicionados para garantizar su seguridad personal.
La entidad remarcó que este traslado busca evitar posibles incidentes y asegurar que se respete el debido proceso.
Próximos pasos en el caso Vizcarra
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades del exmandatario en los mencionados proyectos de infraestructura. Mientras tanto, la defensa legal de Vizcarra ha señalado que presentará recursos para revertir la medida de prisión preventiva, al considerar que no existen elementos suficientes para justificarla.
Con este traslado, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes del Perú que enfrentan procesos judiciales y medidas restrictivas, un hecho que refleja la profunda crisis política y judicial que atraviesa el país en los últimos años.
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