El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, una decisión emitida por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional este miércoles 26. La sentencia está vinculada a presuntos pagos ilícitos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ejecutados durante su gestión como gobernador regional. La resolución judicial marca un nuevo episodio en la situación legal del exmandatario, investigado por múltiples hechos de corrupción.
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Sentencia del Poder Judicial contra Martín Vizcarra
La jueza Fernanda Ayasta, representante del Juzgado Colegiado, señaló durante la audiencia que quedó “probado” que Martín Vizcarra contó con información privilegiada que utilizó para favorecer al consorcio Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo. Según la magistrada, el exgobernador se reunió en noviembre de 2023 con el empresario Elard Tejada, a quien habría ofrecido datos clave a cambio de un pago de S/1 millón y del alquiler de una avioneta, acuerdo ilegal que habría buscado asegurar la adjudicación de la obra.
Durante la lectura de la sentencia, Ayasta precisó que el exmandatario “sí solicitó el pago del 2% de S/80 981 137.34 por la adquisición del proyecto de construcción de la línea de conducción N°1, Hawái, Lomas de Ilo y sistemas de riego, correspondiente a la etapa 1 del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo”. De acuerdo con la resolución, dicha solicitud se realizó a favor del consorcio Obrainsa-Astaldi.
Actos ilícitos cometidos durante su gestión regional
El colegiado concluyó que Vizcarra ejecutó actos ilícitos aprovechando su cargo como gobernador regional de Moquegua, lo que le permitió condicionar a los postores de proyectos públicos con el fin de obtener sobornos. La investigación determinó que existió un sistema de direccionamiento que dio ventaja económica a determinadas empresas a cambio de pagos ilegales.
En ese contexto, la fiscalía sostuvo que el exmandatario no solo facilitó la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo a Obrainsa, sino que también habría recibido un soborno adicional de S/1.3 millones por parte de ICCGSA para asegurar la buena pro de la construcción del Hospital de Moquegua, otra obra emblemática de su administración regional.
Tesis fiscal y pedido de condena
La tesis fiscal del Equipo Especial Lava Jato sostiene que Martín Vizcarra fue parte de un esquema de corrupción que operó desde el Gobierno Regional de Moquegua, recibiendo pagos a cambio de favorecer a empresas constructoras. Por este motivo, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una condena de 15 años de prisión, una pena cercana a la que finalmente dictó el colegiado.
Para la fiscalía, los pagos ilegales ascenderían a un total de S/2.3 millones, entre el millón otorgado por Obrainsa y el monto entregado por ICCGSA. Ambos desembolsos habrían sido coordinados directamente con Vizcarra cuando este lideraba la administración regional. La acusación señaló también que existieron reuniones, comunicaciones y acuerdos que sustentan la participación del exmandatario en estos actos ilícitos.
Reparación civil solicitada por el Estado
La Procuraduría Pública determinó que los perjuicios ocasionados al Estado deben ser resarcidos con una reparación civil que supera los S/4.6 millones. Este monto fue distribuido de la siguiente manera: S/2 071 971 por el proyecto Lomas de Ilo y S/2 600 000 por la adjudicación del Hospital de Moquegua. La procuraduría señaló que estos recursos corresponden al daño económico generado por la manipulación de los procesos de licitación pública.
La sentencia del Poder Judicial no solo establece una pena efectiva, sino también responsabilidades económicas destinadas a reparar el impacto generado en obras que, según los informes oficiales, debieron ejecutarse con total transparencia y sin beneficios indebidos hacia funcionarios o empresas privadas.
Implicancias políticas del caso Martín Vizcarra
La condena representa un hecho significativo en la trayectoria política del expresidente, quien ha mantenido una posición pública activa incluso después de dejar el cargo en medio de cuestionamientos. Desde la pandemia, Martín Vizcarra ha sido objeto de diversos procesos judiciales, algunos aún en desarrollo, que involucran presuntos actos de corrupción durante y antes de su mandato presidencial.
Este fallo repercute también en su situación frente a las investigaciones pendientes y en su aspiración a continuar participando en la vida política del país. Aunque Vizcarra mantiene seguidores y una presencia relevante en la opinión pública, la condena complica cualquier intento de volver a postular a cargos públicos.
¿Qué ocurrirá tras la sentencia?
Tras la lectura del fallo, la defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión, argumentando que no existen pruebas concluyentes para sustentar una condena de esta magnitud. El proceso pasará ahora a una nueva instancia para revisión, lo que podría tomar varios meses.
Aun así, el pronunciamiento del Poder Judicial constituye un precedente en los casos vinculados a la contratación de obras públicas y el uso indebido de información privilegiada por parte de autoridades regionales. De confirmarse en segunda instancia, Martín Vizcarra debería cumplir la pena privativa de libertad y hacerse cargo del pago de la reparación civil establecida.
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