Durante la audiencia judicial del jueves 23 de octubre, el expresidente Martín Vizcarra reconoció que solicitó un vuelo en avioneta a la empresa Obrainsa, antes de que se firmara el contrato para la ejecución de una obra pública. El exmandatario afronta actualmente un proceso por presunto cohecho pasivo propio, relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. El juicio continuará el próximo martes 28 de octubre.
PUEDES LEER: Comisión Permanente verá el lunes las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Betssy Chávez
Acusaciones contra Martín Vizcarra
El Ministerio Público acusa a Vizcarra, en su condición de exgobernador regional de Moquegua, de haber recibido pagos ilícitos por más de dos millones de soles a cambio de favorecer la adjudicación de proyectos públicos a los consorcios Obrainsa-Astaldi e ICCGSA.
De acuerdo con la Fiscalía, Vizcarra habría recibido un millón de soles por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi como soborno vinculado al proyecto Lomas de Ilo. Asimismo, en el caso del Hospital Regional de Moquegua, se le atribuye haber aceptado 1,3 millones de soles entregados por la empresa ICCGSA.
Según las investigaciones, parte de estos pagos se habrían canalizado a través del exministro José Hernández, excolaborador cercano del entonces gobernador de Moquegua.
¿Qué dijo Vizcarra sobre el vuelo con Obrainsa?
Durante la audiencia, Martín Vizcarra explicó que el vuelo en avioneta solicitado a Obrainsa se realizó antes de la firma del contrato con la empresa. Además, precisó que en su ausencia, las resoluciones ejecutivas eran firmadas por el vicepresidente regional, una práctica que —según él— era habitual y legal dentro de la administración pública regional.
“La resolución ejecutiva fue firmada por el vicepresidente, y otras por mí mismo. Era una práctica legal”, señaló Vizcarra ante el tribunal, defendiendo la legalidad de su actuación.
El exmandatario insistió en que no intervino en los procesos de licitación, los cuales —dijo— fueron conducidos por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y no por el Gobierno Regional ni por el Proyecto Especial Pasto Grande.
Argumentos de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía sostiene que Vizcarra habría utilizado su cargo para beneficiar a las empresas constructoras a cambio de pagos irregulares. En su acusación, el Ministerio Público solicita 15 años de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
El fiscal encargado del caso enfatizó que existen indicios suficientes que vinculan al exmandatario con la recepción de sobornos durante su gestión como gobernador regional.
“El dinero fue entregado como compensación por la adjudicación de los contratos públicos. Los hechos acreditan un intercambio ilícito de favores”, señaló la parte acusadora durante la sesión.
PUEDES LEER: Congreso da cinco días para informe de denuncia constitucional contra Martín Vizcarra
Detalles del proceso judicial
El proceso contra Vizcarra es dirigido por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que asumió el caso en octubre de 2024. El tribunal evalúa la responsabilidad penal del exmandatario y de otros implicados en los presuntos actos de corrupción relacionados con los proyectos de infraestructura ejecutados en Moquegua entre 2011 y 2014.
La Fiscalía ha presentado testimonios, registros financieros y documentación de las empresas constructoras como parte de las pruebas del presunto esquema de sobornos.
Suscríbete a nuestro RSS