Desde hace más de dos semanas, la ley que prohíbe las llamadas spam en el Perú está vigente, y aunque aún no se ha aprobado su reglamento, el Indecopi confirmó que ya tiene la facultad para fiscalizar y sancionar a las empresas que infrinjan esta normativa.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aclaró que la ausencia del reglamento no limita la aplicación de sanciones, ya que los puntos clave de la ley están plenamente vigentes. Lo que falta definir es cómo se registrarán y validarán los números telefónicos utilizados por las empresas para realizar llamadas comerciales.
¿Qué establece la ley contra llamadas comerciales no autorizadas?
Según la normativa, las empresas solo podrán contactar a los usuarios si cuentan con su consentimiento expreso y previo. Si el consumidor no ha solicitado ese contacto, será considerado una infracción a la ley.
Cabe señalar que muchas empresas obtienen este consentimiento a través de contratos o formularios en línea, pero los usuarios tienen el derecho de revocar ese permiso en cualquier momento, lo que obliga a las compañías a respetar la decisión del consumidor.
Multas por incumplir la ley de llamadas spam
Las empresas que incumplan esta ley podrán ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT (equivalentes a más de S/ 2.5 millones).
Los ciudadanos pueden denunciar llamadas no autorizadas a través de los siguientes canales habilitados por Indecopi:
- Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe
- Plataforma virtual: Reclama Virtual (disponible en la web oficial de Indecopi)
- Teléfonos: (01) 224-7777 y 0-800-44040
Desde 2021, Indecopi ha sancionado a 36 empresas proveedoras con 63 multas que suman más de un millón de soles por realizar llamadas sin autorización.
Objetivo: proteger a los consumidores de comunicaciones no deseadas
Pese a que el reglamento aún está pendiente, la ley ya está en plena ejecución y busca proteger a los consumidores frente a prácticas intrusivas y sin consentimiento, como las llamadas spam. Indecopi seguirá actuando para garantizar el respeto a los derechos de los usuarios.
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