Según la propuesta legislativa, la finalidad es reducir los altos índices de corrupción cometidos por funcionarios públicos y garantizar una mayor eficiencia del desempeño político, haciendo uso correcto de los fondos del Estado.
La congresista, Nieves Limachi, planteó un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal a fin de aumentar a 15 años de prisión, las penas para funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.
De esta manera, el proyecto pretende modificar los artículos 376, 382, 383, 385, 387, 389, 391, 394, 395-A, 395-B, 397, 399, 400, 401 y 426 del Código Penal promulgado por el Decreto Legislativo 635.
Delitos y sus penas
Para el que corrompe a un funcionario, el proyecto plantea pena no menor de seis ni mayor de 12 si con ello desnaturaliza los procedimientos de selección en contrataciones del Estado.
En el caso de patrocinio ilegal, no menor de 3 años ni mayor de 6 o servicio comunitario de 20 a 40 jornadas.
Por peculado doloso y culposo, no menor de cinco ni mayor de 8 años, inhabilitación de 5 a 20 años y de 180 a 365 días multa.
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Si el responsable actúa como integrante de una organización criminal, o se aprovecha de una situación de calamidad o emergencia sanitaria. Si el valor de lo apropiado supera las diez UIT, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años, inhabilitación perpetua y de 365 a 730 días multa.
Por malversación la pena será no menor de 2 años ni mayor de 4, pero sube de 5 a 10 años si la conducta recae sobre funcionarios que utilicen el dinero para usos personales o con fines de campañas políticas.
El funcionario que acepte o reciba un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo, será reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de 6 años. Para el funcionario que solicite dichos beneficios, la pena va de 5 a 8 años.
En caso de agravantes, como la desnaturalización de los procedimientos de selección en contrataciones del Estado, será de 6 a 10 años de inhabilitación perpetua.
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Efectivos policiales
De tratarse de un policía que acepta o recibe un donativo, promesa o cualquiera otra ventaja o beneficio, la pena va de 6 a 12 años. Para el policía que los solicita, va de 8 a 15 años.
Por abuso de autoridad, se plantea una pena privativa de la libertad no mayor de 4 años; por colusión, no menor de 4 ni mayor de 8; por cobro indebido, no menor de tres ni mayor de 5 años e inhabilitación, según corresponda.
Si un mando incurre en tráfico de influencias, la pena será no menor de 6 ni mayor de 10 años; por enriquecimiento ilícito, no menor de 8 ni mayor de 15 años. Si el funcionario tiene un cargo de alta dirección, será de 10 a 15 años.
Mejor uso de fondos
De esta manera, según se lee en la iniciativa legal, se asegurará un mejor uso de los fondos en favor de la población, con más y mejores servicios e infraestructura pública.
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