La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió por unanimidad separar del cargo de fiscal suprema a Delia Espinoza Valenzuela, luego de concluir el procedimiento disciplinario iniciado en su contra el año pasado.
Espinoza era investigada por la presunta comisión de faltas graves y muy graves, entre las que destaca el desacato a la orden de reincorporar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, mandato emitido por la propia JNJ y de obligatorio cumplimiento. El proceso disciplinario se abrió debido a la negativa de la entonces fiscal de la Nación a ejecutar dicha restitución, así como por otras supuestas irregularidades evaluadas durante el trámite administrativo.
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Informe de la presidencia de la JNJ recomendó la destitución
La investigación disciplinaria estuvo a cargo de la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, quien actuó como instructora del caso. En su informe final, elevado al pleno, la magistrada recomendó la destitución de Delia Espinoza al determinar que incurrió en “faltas muy graves”.
De acuerdo con el documento, presentado el 14 de enero, Espinoza Valenzuela habría desobedecido de manera deliberada la resolución de la JNJ que ordenaba que Patricia Benavides reasumiera sus funciones como fiscal suprema titular. El informe sostiene que la magistrada no solo incumplió dicha disposición, sino que habría realizado diversos actos irregulares con el propósito de mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación.
Asimismo, se le atribuye haberse negado a ejercer sus funciones como fiscal suprema, ya que, ante la presencia de Liz Patricia Benavides Vargas en la sede principal del Ministerio Público, no procedió a recibirla ni convocó de inmediato a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos.
El informe también señala que Espinoza habría promovido que personal fiscal y administrativo del Ministerio Público se congregara el lunes 16 de junio de 2025, durante aproximadamente cuatro horas, en el noveno piso de la Fiscalía de la Nación, con la finalidad de impedir el cumplimiento de la orden de reincorporación de Benavides Vargas como fiscal suprema.
En ese contexto, se le imputa el incumplimiento de su deber funcional de defender la legalidad y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, así como la falta de una respuesta institucional mínima para encauzar o resolver la situación generada por la presencia de una fiscal suprema que exigía la ejecución de un mandato vigente.
Además, se le atribuye haber generado, permitido o no neutralizado conductas colectivas del personal institucional que, por su alcance, duración y ubicación estratégica, ocasionaron un efecto obstructivo, alteraron el funcionamiento regular del Ministerio Público e impidieron, en la práctica, la ejecución de la decisión de la Junta Nacional de Justicia.
Frente a estos hechos, Cabrera Vega sostuvo que la destitución constituye la sanción disciplinaria adecuada para salvaguardar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional competente y asegurar que el ejercicio de la función fiscal suprema se ajuste a los principios de legalidad y responsabilidad.
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