La Junta de Fiscales Supremos, junto con los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales de Perú, han emitido un comunicado en el que expresan su rechazo a las recientes reformas aprobadas por el Congreso, argumentando que estas medidas ponen en peligro el orden constitucional y la autonomía del Ministerio Público.

En particular, el comunicado señala tres proyectos de ley, incluyendo un predictamen que propone la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para crear en su lugar la Escuela Nacional de la Magistratura, así como una propuesta presentada por el partido Perú Libre que busca modificar el Código Penal y dificultar las investigaciones futuras sobre organizaciones criminales.

Los fiscales han decidido oponerse a estas iniciativas debido a su incompatibilidad con los principios democráticos y el marco constitucional que respalda las funciones del Ministerio Público. Argumentan que estos proyectos socavan la autonomía e independencia de la institución, al reducir sus responsabilidades establecidas por la Constitución.

En relación con la propuesta de Gladys Echaíz, que plantea la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y la disolución de la Junta Nacional de Justicia, los fiscales expresan su rechazo, considerando que esto constituiría una grave interferencia política en el nombramiento de jueces y fiscales, lo que representaría un retroceso para el sistema judicial del país.

El comunicado enfatiza la importancia del principio de independencia en la designación de magistrados, señalando que cualquier intervención política en este proceso socavaría los cimientos del Estado de Derecho. Por lo tanto, instan al rechazo de este proyecto de ley, argumentando que contradice los avances logrados en la independencia judicial y representa una amenaza para el sistema democrático del país.