El juicio oral contra el exmandatario Pedro Castillo, acusado de intentar quebrar el orden constitucional, concluirá este mes luego de más de ocho meses de audiencias. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema podría emitir su sentencia a inicios de diciembre, definiendo si corresponde condenarlo por rebelión o, alternativamente, por conspiración para la rebelión. Esta semana se reanudaron los alegatos finales. Hasta ahora, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General del Estado han presentado sus argumentos, solicitando prisión efectiva y reparación civil. Por su parte, las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y del propio Castillo pidieron la absolución.
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Aún está pendiente la intervención final de la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez, programada para el martes 18. Su abogado inicial, Raúl Noblecilla, renunció recientemente, por lo que la representación legal de la exjefa del Gabinete quedó a cargo del defensor público Julio César Guzmán Cisneros. La Sala dispuso que este último sea el encargado de cerrar la ronda de alegatos para asegurar el derecho de defensa de Chávez.
Ese mismo martes 18 comenzarán también las autodefensas de los imputados, es decir, sus últimas declaraciones antes de la sentencia. Estas intervenciones podrían extenderse hasta las audiencias del jueves 20 y viernes 21, e incluso prolongarse excepcionalmente hasta la semana del 24 al 30 de noviembre si surge algún imprevisto, como ha ocurrido en distintas etapas del proceso.
Una vez culminen todas las intervenciones, el tribunal cerrará el debate y fijará fecha para la lectura del fallo. De acuerdo con los plazos, los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez anunciarían su decisión en la primera semana de diciembre.
Las penas solicitadas
La Fiscalía reiteró su pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo por el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022, imputándole los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público.
No obstante, si la Sala opta por condenarlo únicamente por conspiración, la pena solicitada disminuiría a 19 años y 30 días, según explicó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante su alegato final.
Esta eventual recalificación también alcanzaría a otros acusados, como el expremier Aníbal Torres; la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en México; el exministro del Interior Willy Huerta; el comandante PNP Jesús Venero; y el general PNP Manuel Lozada. Para ellos, en un escenario de conspiración, la Fiscalía plantea 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel. Previamente, la Sala había informado que, tras revisar las pruebas, podría desvincularse de la acusación original por rebelión y considerar que los hechos encajan en la figura de conspiración, lo que conllevaría una reducción de las penas.
En la acusación inicial, la Fiscalía pedía 15 años para Aníbal Torres por su edad y 25 años para Betssy Chávez y Willy Huerta por el delito de rebelión. Durante su exposición, el fiscal Casaverde afirmó que los elementos presentados evidencian la “plena convicción” de Castillo y sus exfuncionarios de quebrar el orden constitucional. Cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón: “La fuerza es el derecho de las bestias… esa historia debe ser erradicada a través de una decisión prudente, sensata y constitucional que nosotros invocamos, señores jueces supremos”.
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