El expresidente Pedro Castillo obtuvo un importante respaldo judicial luego de que el Juzgado Constitucional de Lima resolviera en primera instancia que el Congreso de la República debe otorgarle la pensión vitalicia correspondiente a su condición de exjefe de Estado. La decisión deja sin efecto las resoluciones del Parlamento que en 2024 rechazaron la solicitud del exmandatario.
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Sin embargo, el mismo Congreso aprobó la pensión vitalicia para Fujimori bajo la premisa de que ese artículo atentaba contra la presunción de inocencia. Este doble criterio fue considerado una violación a los principios de equidad y justicia.
Acción de amparo presentada por la defensa
La defensa legal de Pedro Castillo interpuso una acción de amparo alegando que se había producido un resultado “evidentemente desigual” frente a otros expresidentes. El juzgado acogió este argumento y declaró nulas las resoluciones del Congreso que rechazaban su solicitud.
La sentencia ordena al Parlamento emitir una nueva resolución que reconozca y otorgue la pensión vitalicia al exmandatario. En cifras actuales, este beneficio equivale a 15.600 soles mensuales.
Implicancias de la primera instancia
El fallo es de primera instancia, lo que significa que todavía debe ser revisado por la Sala Constitucional. No obstante, la defensa de Pedro Castillo adelantó que solicitará la ejecución inmediata de la resolución, lo que obligaría al Congreso a empezar a pagar la pensión mientras se resuelve la apelación.
¿Qué significa esta pensión para Pedro Castillo?
De confirmarse en segunda instancia, el beneficio económico representaría una victoria política y legal para el expresidente, quien se encuentra recluido mientras enfrenta procesos judiciales. Además, marcaría un precedente respecto a la aplicación de la Ley 26519 y la igualdad de trato entre exmandatarios.
El proceso judicial en curso
Paralelamente a esta resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema analiza ampliar los cargos contra Pedro Castillo. El tribunal estudia la posibilidad de que sea juzgado no solo por rebelión, sino también por conspiración para la rebelión.
La jueza Norma Carbajal aclaró que la redefinición de los cargos dependerá de que se cumplan requisitos como la homogeneidad del bien jurídico y la preservación del derecho a la defensa. La decisión final se dará únicamente al momento de dictar sentencia.
Reacciones políticas y sociales
El fallo ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico. Para los críticos, la resolución a favor de Pedro Castillo es una contradicción, pues consideran que sus acciones del 7 de diciembre de 2022 no deberían otorgarle un beneficio económico de esta naturaleza. Por el contrario, sus defensores sostienen que mientras no exista una condena firme, se debe respetar la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
El caso también reabre el debate sobre los beneficios que reciben los expresidentes en el Perú y la pertinencia de mantener pensiones vitalicias en contextos donde existen múltiples cuestionamientos judiciales contra exjefes de Estado.
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