La audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra el exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien se encuentra prófugo, transcurría con normalidad hasta que el juez del caso hizo pública una seria advertencia. Al inicio de la sesión, el magistrado Edie Walther Solórzano Huaraz informó que había sido objeto de una amenaza mediante una llamada telefónica.
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El juez precisó que la comunicación fue realizada por un familiar de Jimmy Alexander Whu Cárdenas, uno de los investigados en el proceso. Indicó que se trató de un contacto completamente ajeno a los mecanismos legales del procedimiento judicial y que no fue solicitado por su despacho. Por ese motivo, decidió dejar constancia del hecho en plena audiencia, con el objetivo de resguardar la transparencia e independencia del proceso.
El magistrado rechazó de manera enfática cualquier intento de presión o comunicación extraprocesal, señalando que sus decisiones se adoptan únicamente en función de los actuados y conforme a la ley. Asimismo, aclaró que no brindaría detalles sobre el contenido de la llamada ni sobre la identidad de la persona que se comunicó con él, aunque adelantó que el incidente sería puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para su evaluación.
Fuentes judiciales citadas por el diario La República señalaron que el juez estaría recibiendo llamadas con mensajes intimidantes, presuntamente orientados a influir en su decisión para que no se dicte prisión preventiva contra los investigados y se ordene su liberación. Estas presiones se habrían producido en el marco de una audiencia considerada clave, ya que la fiscalía ha solicitado una medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses.
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El Ministerio Público ha requerido dicha medida contra Ciro Castillo Rojo y otras doce personas, entre exfuncionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao. De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados habrían actuado de manera coordinada para favorecer a determinados proveedores en la contratación de bienes y servicios, eludiendo los procedimientos regulares y beneficiando intereses particulares.
Parte de los investigados se encuentran detenidos desde el 15 de diciembre, tras una orden de detención preliminar, y permanecen bajo custodia policial. En tanto, la fiscalía sostiene que Ciro Castillo cumple un rol central en los hechos investigados, al haber participado en la designación de asesores y en la estructura que permitió el direccionamiento de compras públicas. Según la acusación, algunas de estas coordinaciones habrían buscado favorecer a proveedores vinculados a su entorno cercano.
En el caso del exgobernador regional, el Ministerio Público sostiene que permanece en condición de prófugo desde la ejecución de la medida de detención. Desde la clandestinidad, Castillo Rojo ha rechazado las imputaciones y se ha declarado inocente. No obstante, días después de su fuga, una sala de apelaciones declaró infundado el pedido de su defensa para anular la orden de detención, ratificando así la orden de captura en su contra.
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