En un escenario de crisis penitenciaria y creciente influencia de organizaciones criminales que operan desde las cárceles del país, el presidente José Jerí anunció una de las reformas más profundas de las últimas décadas: el cierre definitivo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la puesta en marcha de la Sunir, la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, un organismo que iniciará sus funciones en enero de 2026.
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La medida, presentada como una acción decisiva para recuperar el control del sistema penitenciario, se enmarca en las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana.
¿Qué es la Sunir y por qué reemplazará al INPE?
El presidente José Jerí explicó que la creación de la Sunir forma parte de un proceso de transformación institucional que busca erradicar prácticas arraigadas de corrupción y reorganizar por completo la administración de los centros penitenciarios. Este nuevo organismo asumirá todas las funciones del INPE, pero con un modelo renovado de gestión, control y supervisión, orientado a cortar de raíz las operaciones criminales que se gestan desde los penales.
Según Jerí, el sistema penitenciario heredado presenta un deterioro estructural crítico, con instituciones debilitadas, infraestructura colapsada y un histórico desorden que ha permitido el avance de mafias internas. Frente a este diagnóstico, la Sunir se presenta como una alternativa capaz de recomponer la autoridad del Estado dentro de las cárceles y avanzar hacia un enfoque de resocialización más moderno.
Cambio de mando: salida de Iván Paredes Yataco
Uno de los primeros anuncios confirmados por el mandatario fue la salida del actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien dejará su cargo en enero como parte de la transición institucional. Aunque continúa temporalmente al frente del organismo, Jerí aclaró que su permanencia responde a una fase operativa necesaria para la transferencia ordenada de competencias hacia la Sunir.
Paredes Yataco, quien integró la plana directiva del INPE en los últimos años, se encuentra investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Pese a ello, el presidente destacó que ha cumplido con las disposiciones inmediatas del Ejecutivo durante esta etapa previa al cierre del instituto. El relevo en la cúpula penitenciaria será uno de los primeros pasos visibles del proceso de reestructuración.
Un sistema marcado por la corrupción y el abandono
En su mensaje, José Jerí detalló que el país enfrenta un sistema penitenciario vulnerable, corroído por redes internas que han permitido la continuidad de actividades criminales desde los penales. El mandatario señaló que recibió una estructura “con corrupción y desorden”, donde el desgaste institucional ha favorecido la expansión de mafias y cabecillas que controlan diversas operaciones ilícitas desde prisión.
Jerí también cuestionó decisiones adoptadas en administraciones anteriores, como la autorización para el uso de teléfonos públicos dentro de los centros penitenciarios. Según afirmó, estas cabinas fueron utilizadas de manera sistemática para coordinar extorsiones y otros delitos, lo que consolidó a los penales como centros de operaciones del crimen organizado.
Llamadas registradas desde 2010: una información desaprovechada
Uno de los aspectos más llamativos revelados por el mandatario es la existencia de un registro completo de llamadas realizadas desde las cárceles desde el año 2010. Jerí advirtió que, a pesar de contar con esta información valiosa, las autoridades de gobiernos anteriores no la utilizaron de forma adecuada para enfrentar a las bandas delictivas ni para desarticular sus redes de comunicación.
Para el Ejecutivo, este hallazgo refuerza la necesidad de un organismo con mayor capacidad técnica, mejores mecanismos de control y un enfoque integral de inteligencia penitenciaria, funciones que serán asumidas por la Sunir.
¿Qué cambios traerá la Sunir desde enero de 2026?
La nueva superintendencia no solo reemplazará al INPE, sino que implementará un modelo de gestión enfocado en tres ejes: seguridad, resocialización y control interno. Entre los cambios anunciados destacan la reorganización de los mandos penitenciarios, la instalación de sistemas tecnológicos de vigilancia, la modernización de los protocolos de intervención y la depuración de personal vinculado a malas prácticas.
El Gobierno también planea introducir nuevas directrices para la administración de los penales, con énfasis en el aislamiento de cabecillas criminales y el fortalecimiento de las unidades de inteligencia. La Sunir tendrá la facultad de intervenir cualquier establecimiento penitenciario en caso de riesgo operativo o sospecha de corrupción interna.
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