El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Poder Judicial, luego de que este último emitiera una resolución que habilita la participación del partido Unidad Popular, pese a que su inscripción no se completó dentro del plazo legal.
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JNE cuestiona fallo que favorece a Unidad Popular
La controversia se centra en la decisión judicial que permitió la participación de Unidad Popular en el proceso electoral, aunque su inscripción concluyó en junio, dos meses después de que venciera el plazo oficial fijado en abril.
De acuerdo con el abogado Lucas Ghersi, representante legal del JNE, el Poder Judicial aplicó una supuesta figura de “inscripción provisional”, la cual carece de sustento legal porque el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones —que la contemplaba— fue derogado tras la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas.
Ghersi advirtió que emitir una resolución basada en una norma sin vigencia podría constituir un caso de prevaricato, de ser evaluado por las instancias correspondientes.
Argumentos del JNE ante el Tribunal Constitucional
El organismo electoral señaló que la decisión judicial vulnera el principio de seguridad jurídica al alterar los plazos del calendario electoral, el cual, según el JNE, es inviolable y constituye una garantía esencial para la organización de elecciones transparentes.
Asimismo, recordó que el artículo 181 de la Constitución establece que las resoluciones del JNE en materia electoral son inimpugnables, salvo en casos excepcionales previstos por la misma Carta Magna.
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Autonomía electoral en riesgo
Para el JNE, permitir inscripciones extemporáneas abre la puerta al desorden en el proceso electoral, afectando la previsibilidad del cronograma y comprometiendo la legitimidad de los resultados.
En esa línea, Ghersi subrayó que los fallos que contradicen las competencias exclusivas de los organismos electorales van en contra de los estándares internacionales, que exigen un marco claro y plazos firmes para garantizar la transparencia de los comicios.
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