El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que viene adecuando sus instalaciones para albergar a adolescentes de 16 y 17 años acusados de delitos graves, como parte de la implementación de la reciente Ley 32330. Así lo confirmó Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quien explicó que los centros penitenciarios están siendo acondicionados para garantizar condiciones seguras y diferenciadas respecto de los adultos privados de libertad.
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La Ley 32330, promulgada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la República, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Esta nueva normativa permite que los adolescentes entre 16 y 17 años sean procesados y sancionados penalmente como adultos en casos de delitos particularmente graves como asesinato, sicariato, violación sexual, extorsión, secuestro, terrorismo, trata de personas, narcotráfico y robo agravado.
La ley ha generado un intenso debate público, dividiendo opiniones entre quienes respaldan una política más dura frente al crimen juvenil y quienes consideran que vulnera los derechos de los adolescentes.
El gobierno justifica esta reforma legal como una respuesta ante el creciente uso de menores por parte de organizaciones criminales para ejecutar actos delictivos, aprovechando su inimputabilidad. Sin embargo, diversos organismos defensores de los derechos humanos, expertos en justicia juvenil y organizaciones internacionales han expresado su preocupación, señalando que esta medida podría ir en contra de los compromisos asumidos por el Perú en materia de derechos de la infancia.
En ese contexto, la adecuación de penales por parte del INPE es vista como un paso clave pero también polémico, ya que el tratamiento penal de los menores debe seguir principios diferenciados y centrados en la reinserción social.
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