El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció, por medio de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), la aplicación —en primera instancia administrativa— de una sanción superior a S/ 539 millones (100 852.72 UIT) contra 13 compañías farmacéuticas y distribuidoras por haberse puesto de acuerdo para manipular procesos de compra del Estado. Además, cinco ejecutivos involucrados recibieron multas que suman 262.67 UIT, equivalente a más de S/ 1.4 millones.
Según la investigación, las empresas coordinaron ofertas y también pactaron cuándo no participar en determinados concursos para asegurarse ganar licitaciones de medicamentos entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Este esquema colusorio, considerado un “cártel”, afectó adquisiciones de productos destinados a hospitales públicos, desde soluciones para administrar fármacos y tratar infecciones, hasta medicinas para combatir anemia y cáncer.
PUEDES LEER ► Demandan al Ejecutivo el pago pendiente de Bono de reconocimiento ONP de 3 millones de trabajadores
Cómo avanzó la investigación
Entre septiembre de 2021 y julio de 2022, la CLC realizó inspecciones simultáneas en las oficinas de empresas como Jobal, Laboratorios Portugal, IQ Farma, Medifarma y AC Farma. Estas acciones, parte del Expediente 004-2021/CLC-IP, permitieron obtener documentos físicos, digitales y registros que mostraban comportamientos paralelos en concursos que debieron ser plenamente competitivos.
El 6 de abril de 2022, el Poder Judicial autorizó levantar el secreto de comunicaciones de determinados representantes —entre ellos John Mac Dowall y Nataly Llanos, vinculados a Laboratorios Portugal—, lo que permitió acceder a correos, archivos internos y otros registros que evidenciarían coordinación previa a las pujas.
Entre 2022 y diciembre de 2023, la CLC requirió información al OSCE, Essalud, CENARES y DIGEMID para reconstruir el desarrollo de subastas presenciales y electrónicas, identificar participantes, productos ofertados y titulares de registros sanitarios. El objetivo era determinar si existían patrones de precios similares o ausencias coincidentes de postores. En paralelo, en enero de 2023, ADIFAN entregó la relación de laboratorios asociados durante los años investigados.
Declaraciones y documentación adicional
La Dirección tomó declaraciones entre junio de 2022 y octubre de 2023 a representantes y exfuncionarios de diversas empresas, como Medifarma, Laboratorios Americanos y Portugal. También pidió a otras compañías —como Lansier, Pereda y Distribuidora Continental— nuevos archivos y registros para aclarar su participación entre 2006 y 2020.
Tras el análisis de más de 14 años de procesos de compra, miles de ofertas y pujas, así como información institucional y declaraciones, la Dirección determinó que existían fundamentos suficientes para abrir un procedimiento sancionador. Así, el 11 de julio de 2024, mediante la Resolución 048-2024/DLC-INDECOPI, se inició el proceso contra 15 empresas por presunta colusión en ofertas y abstenciones durante licitaciones públicas de medicamentos.
La resolución también imputó responsabilidades a cinco personas naturales por su presunta intervención directa o planificación en las conductas ilícitas.
Procesos de contratación involucrados
El expediente incluye 23 licitaciones del MINSA, Essalud y CENARES alteradas mediante acuerdos ilícitos, entre ellas:
- LP SIP 12-2006-MINSA
- LP SIP 29-2007-MINSA
- LP SIP 9-2008-MINSA
- LP SIP 10-2009-ESSALUD
- SIE 11-2018-CENARES
- SIE 46-2019-ESSALUD
- SIE 13-2019-CENARES (febrero 2020, inicio de la pandemia)
En algunos casos, la diferencia entre posturas competitivas y colusorias resultó significativa. Por ejemplo, en la LP SIP 18-2011-DARES, se identificaron 326 ofertas coordinadas frente a 237 independientes.
Impacto y mecanismos del cartel
Indecopi determinó que la colusión afectó la compra de soluciones intravenosas, antibióticos, antineoplásicos, inmunosupresores y antianémicos, esenciales para la atención en hospitales públicos. Las empresas coordinaban reuniones grupales y negociaciones bilaterales, evitaban correos electrónicos, usaban lenguaje cifrado y alias para ocultar su identidad.
El organismo remarcó que manipular licitaciones genera sobrecostos para el Estado, que podría haber adquirido medicamentos a mejores precios si las empresas hubieran competido de forma real. Además, ordenó a las compañías sancionadas implementar programas de cumplimiento por cinco años.
La resolución aún puede ser apelada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi. Luego de esa instancia, solo quedaría recurrir al Poder Judicial.
Reacciones
Hernando Cevallos, exministro de Salud, sostuvo que este caso revela no solo la colusión de empresas, sino la debilidad del Estado para supervisar el sector farmacéutico. Señaló que durante años se permitió que pocas empresas concentraran gran parte del mercado, generando un entorno propicio para manipular licitaciones. También cuestionó la falta de control en entidades como Digemid y Cenares, señalando que su inestabilidad institucional facilita fallas en la fiscalización.
Por su parte, José Gonzáles, exdirector de Cenares, indicó que aunque se adoptaron herramientas como subastas electrónicas, persisten vulnerabilidades que permiten detectar patrones sospechosos, como licitaciones con pocos postores o precios idénticos. Si bien Cenares no puede sancionar, sí puede alertar sobre indicios irregulares que afecten el presupuesto y la compra de medicamentos esenciales.
Empresas sancionadas
- B Braun Medical Peru S.A.
- Instituto Quimioterápico S.A.
- Laboratorios AC Farma S.A.
- Droguería Sagitario S.R.L.
- Laboratorios Americanos S.A.
- Laboratorios Lansier S.A.C.
- Pharmagen S.A.C.
- OQ Pharma S.A.C.
- Laboratorios Portugal S.R.L.
- Laboratorios Unidos S.A.
- Medifarma S.A.
- Pereda Distribuidores S.R.L.
- Teva Perú S.A.
- En total, 13 empresas fueron sancionadas; otras fueron excluidas por no encontrarse evidencia que confirmara su responsabilidad en los hechos.
Suscríbete a nuestro RSS