El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, cuestionó de manera frontal la reciente sentencia dictada por el Poder Judicial contra el expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión. La reacción del excanciller se produjo durante una entrevista televisiva, donde calificó el fallo como “generoso” y consideró insuficiente la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una sanción que —según dijo— no se condice con la gravedad de los hechos imputados al exmandatario.
Sentencia a Pedro Castillo: ¿por qué González-Olaechea la considera insuficiente?
La condena contra Pedro Castillo se dio tras meses de investigaciones y audiencias en torno al fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Para el excanciller González-Olaechea, la decisión judicial no refleja con la severidad necesaria la magnitud del quiebre institucional impulsado por el exjefe de Estado. Durante la entrevista con Willax, afirmó que él habría impuesto una pena mucho más drástica.
“Yo le hubiera dado 30 años”, manifestó con firmeza, al considerar que los 11 años y 5 meses de prisión no representan un mensaje contundente frente a hechos que —en su opinión— pusieron en riesgo la estabilidad democrática del país. González-Olaechea sostuvo que la sentencia, aunque relevante, deja una percepción de indulgencia respecto a la responsabilidad del exmandatario.
Críticas a la inhabilitación política: ¿por qué dos años son insuficientes?
Otro punto que generó rechazo en el excanciller fue la inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos impuesta al expresidente Pedro Castillo. Para González-Olaechea, esta sanción resulta “una tomadura de pelo”, pues abre la posibilidad de que el exjefe de Estado pueda volver a postular en un tiempo relativamente corto.
“Una inhabilitación de dos años es inaceptable. Porque querría decir que en dos años podría postular”, señaló. En ese sentido, consideró que el Poder Judicial debió dictar una medida de mayor alcance para evitar que Castillo vuelva a participar en la política nacional, especialmente tomando en cuenta los sucesos que desencadenaron su caída del poder y las consecuencias institucionales que generaron.
Contexto del caso Pedro Castillo y su impacto político
El proceso contra Pedro Castillo se originó tras el intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, acciones que provocaron una inmediata respuesta de las instituciones democráticas y su posterior detención. Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública debido a su impacto político y a las implicancias para la gobernabilidad.
La sentencia de 11 años y 5 meses, dictada por el Poder Judicial bajo los cargos de conspiración para rebelión, representa uno de los fallos más relevantes en la historia reciente del país, especialmente tratándose de un expresidente en ejercicio al momento de los hechos.
¿Qué implica la condena para el futuro del expresidente?
El cumplimiento de la condena impedirá que Pedro Castillo tenga participación activa en la política nacional en el corto plazo. Sin embargo, la inhabilitación de solo dos años abre un debate sobre la posibilidad de una eventual reaparición política una vez cumplida la sanción. Analistas sostienen que esta brecha temporal podría ser utilizada por el exmandatario para mantener presencia en determinados sectores sociales, lo que genera cuestionamientos sobre la pertinencia de una sanción más rigurosa.
González-Olaechea cuestiona a México por asilos políticos
Además de opinar sobre la sentencia contra Pedro Castillo, González-Olaechea criticó al Gobierno de México y acusó a sus autoridades de hacer un “uso y abuso del derecho internacional” en materia de asilo político. Según indicó, el país norteamericano ha mostrado un comportamiento tendencioso al otorgar protección a personajes “procesados o inculpados por tribunales competentes”.
Sus declaraciones se enmarcan en la tensión diplomática entre Perú y México, una relación marcada por episodios de confrontación desde la caída del expresidente peruano. Las críticas de González-Olaechea apuntaron a lo que él considera una manipulación del concepto de asilo con fines políticos y una interferencia indebida en asuntos internos del país.
El debate sobre el asilo político: ¿qué está en juego?
La figura del asilo ha sido históricamente utilizada como mecanismo de protección internacional para personas perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, González-Olaechea sostiene que el Gobierno mexicano ha distorsionado este principio al otorgar refugio a figuras vinculadas a procesos judiciales internos en Perú. Para él, esta práctica vulnera los fundamentos del derecho internacional y se convierte en un incentivo para la evasión de la justicia.
“Uso y abuso del derecho internacional”, fue la expresión que empleó al referirse a las decisiones tomadas por las autoridades mexicanas. En su opinión, estas acciones afectan la cooperación entre Estados y minan la legitimidad de los procesos judiciales peruanos.
Suscríbete a nuestro RSS